Las leyes ambientales son para cumplir – Germán García Barrera #Columnista7días

Germán García Columnista 7 díasEsta semana el gobierno nacional anunció con bombos y platillos la sanción de la Ley 2111 del 29 de julio de 2021 a través de la cual se crean nuevos delitos ambientales dentro de la normatividad existente, y se endurecen otros tipos penales ya presentes en la legislación colombiana.

Dentro de las novedades de este nuevo texto, del cual fue ponente el representante liberal Juan Carlos Lozada, están infracciones como la deforestación y la promoción y financiación de la misma; el tráfico de fauna silvestre, la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, como parques naturales; y la financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación.

Otros como el daño a los recursos naturales y el ecocidio, la caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental vieron un incremento en las sanciones.

Por ejemplo, el artículo 333 de la nueva Ley, relativo al daño a los recursos naturales y al ecocidio, determina penas de prisión de 60 a 135 meses y multas de 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. “El ecocidio – precisa el documento – es el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas”.

Una de las novedades es la creación, en la Fiscalía General de la Nación, de la Dirección de Apoyo Territorial. Esta unidad tendrá la función de liderar la estrategia de apoyo regional a fin “de aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso”.

Muy bien que se actualicen las reglas dirigidas a proteger nuestra casa común, sin embargo, ya hay varios cuestionamientos de quienes señalan al gobierno de incurrir en un “punitivismo ambiental”.

El Espectador recogió varios testimonios de abogados, algunos de ellos defensores de personas judicializadas por deforestación e invasión de áreas protegidas. Estos sugieren que el nuevo articulado no considera los matices de la realidad nacional al señalar de culpables incluso a quienes, por décadas, y en muchos casos a causa del desplazamiento urbano, han vivido al interior de áreas boscosas o de páramos como sucede en Boyacá.

Palabras como reconversión o sustitución de actividades productivas no aparecen en la nueva Ley para casos en los que los presuntos infractores no sean por perversa convicción ecocidas, sino herederos de quienes por necesidad debieron refugiarse en la manigua o en la alta montaña. La Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos si contempla tales alternativas.

Otro escenario de este análisis está relacionado con la limitada capacidad logística de las autoridades ambientales regionales para hacer cumplir la Ley, o la contaminación política que pueda haber en algunas de ellas y su incidencia en el no acatamiento literal de lo sancionado por el presidente Duque.

Bien por las normas de protección de recursos naturales, importante que se ajusten a las realidades territoriales y muy valiosa su aplicación en beneficio de todos.

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