¿Qué relación tiene Escazú con Boyacá? – Germán García Barrera #Columnista7días

Germán García Columnista 7 díasLo ocurrido esta semana en Boyacá, en relación con las audiencias convocadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Chita, Floresta, Socotá, Sogamoso y Tota, es una muestra de la urgencia de que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú.

Se trata de un consenso regional firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica) luego de cuatro años de negociación. Este se deriva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptado durante la conferencia Rio + 20 en 2012.

El Acuerdo de Escazú busca que en los países que lo ratifiquen se garantice el acceso a la información confiable, a la justicia y a la participación pública en asuntos ambientales y eso es precisamente lo que le pidieron las comunidades de estos municipios al gobierno nacional.

Las audiencias citadas por la ANM para los días 28, 29 y 30 de junio tenían por objeto poner en conocimiento de la comunidad las propuestas de seis contratos de concesión vinculados a la explotación de carbón, esmeraldas, roca fosfática, piedra caliza y arena, entre otros minerales y materiales usados en la construcción.

Al menos en tres de esos casos se advirtieron fallas en el proceso de convocatorias a los habitantes de las zonas susceptibles de tales licenciamientos mineros. Los avisos fueron publicados en la página web de la Agencia Minera, un canal poco consultado si se consideran las dificultades de conectividad y de acceso a Internet de las poblaciones rurales.

Llama particularmente la atención que en los documentos oficiales de citación a las audiencias de Chita y Tota se ordene en el apartado denominado ‘Notificación de la comunidad’ la fijación de avisos de invitación en la Gobernación de César y no en la Gobernación de Boyacá. 

En varios casos campesinos y concejales se enteraron porque alguien les contó, y en otros, como en Sogamoso, sucedió algo que merece una explicación. La invitación de la ANM llegó a nombre de la presidenta del cabildo, Vanessa Pérez Rodríguez, quien, según se supo en una sesión de esa Corporación, no les contó a sus compañeros. ¿Por qué no lo hizo?, sus razones tendrá y sería bueno conocerlas.

Lo cierto es que si el Congreso de la República (es necesario dejar de referirse a él como Honorable) hubiera ratificado el Acuerdo de Escazú, este tipo de situaciones no se presentarían y sería posible contar con escenarios democráticos y transparentes para hablar de desarrollo sostenible y del derecho de las comunidades a elegir aquellas vocaciones productivas amigables con el planeta y adaptadas a la realidad de la crisis climática que el mundo experimenta. Si no queremos ver lo que acá ocurre miremos lo que ya está sucediendo en Madagascar o en Canadá. 

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