La Licencia Social para Operar no es un documento que lleva una firma en piedra, es el resultado de la construcción de años de trabajo por las partes interesadas ‘Stakeholders’, donde todos los actores se han escuchado de forma recíproca, además se comprometen con el valor de la responsabilidad y el empoderamiento; al final, a cada uno se le entrega una llave que simboliza ese compromiso de cuidarla, protegerla, supervisarla y, lo más importante, respetarla.

¿Cómo lograr esos lazos para tejer ese respeto?

Mucho se habla de los Estudios de Impacto Ambiental, el famoso EIA. No es más que plasmar sobre un documento de manera integral los estudios socioambientales y económicos de un proyecto a desarrollar. Sobre eso, la norma colombiana es clara con sus decretos, términos de referencia y demás (por experiencia, recomiendo involucrar el estudio del genoma humano, el cual permite conocer el estado genético actual de las sociedades directas e indirectas de la zona(s) en estudio). El tema clave es: ¿cuándo se debe desarrollar el EIA?, ¿en qué momento a los actores involucrados se les asigna responsabilidades y empoderamiento para que esa llave tenga éxito?

Todos sabemos que, el corazón de un Estudio de Impacto Ambiental es la Línea Base Ambiental (LBA), la cual debe ser construida con mucha sabiduría y rigurosidad, para encontrar ese camino perdido de la tan anhelada licencia ambiental.

Y ahora, ¿Quién es el encargado de construir la LBA?

Sin duda el Gobierno debe asumir ese rol de conocer las características ambientales, el entorno sociocultural y económico de todo su territorio (se recomienda iniciar por aquellos lugares con altos potenciales de recursos naturales). Desde ese preciso momento, se inician los primeros lazos de tejido social entre los actores existentes (gobierno, academia y comunidades). Es importante aclarar que se desconocen las empresas que en un futuro tendrían una de esas llaves de la Licencia Social para Operar (LSO).

Imaginemos y soñemos que, Colombia sea el primer país de América Latina en crear un equipo integral especializado, con gran trayectoria en línea base ambiental con un ingrediente nuevo: valor compartido (VC). De ahora en adelante la llamaremos Línea Base Ambiental con Valor Compartido (LBAVC). ¿Por qué el Estado debe construirla?

Sencillamente el Estado edifica esa confianza y tejido social entre sus comunidades, desde sus inicios fortalece los lazos de confianza durante el proceso de la construcción-socialización de la LBAVC. A medida que se va obteniendo información, se identifican las necesidades y fortalezas de cada uno de los actores (problemáticas sociales, ambientales y económicas), las cuales serán resueltas y empoderadas antes de la llegada del actor Empresa (es notorio mencionar que, no es responsabilidad de la empresa cubrir las necesidades insatisfechas por ausencia del Estado, si lo hacen “eso no es responsabilidad empresarial”, sería un peso que deben cargar durante la vida del proyecto).

Por otra parte, en la actualidad los títulos mineros son subastados “NO de la manera correcta” por parte del Gobierno; ellos no conocen a los actores involucrados de forma directa e indirecta, lo cual crea un arma de doble filo “el inicio y detonante de los conflictos” para el Gobierno y la empresa por llegar.

¿Cuál sería la estrategia?

Todo título minero debe tener Línea Base Ambiental con Valor Compartido (LBAVC), tendrá el concepto social, ambiental, cultural, económico y legal, con sus respectivas llaves: la del Gobierno y los actores involucrados antes de la llegada de la empresa.
Por decir, si hoy un título es subastado por cien mil dólares, imagínense lo atractivo de ese título con LBAVC, su valor pasa de miles a millones de dólares. De entrada ganamos todos y se minimizan los conflictos.
A las empresas solo les queda proteger esas llaves y, en ese mismo instante, se inicia la construcción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “se agilizan los procesos”.
Es importante aclarar que la empresa no puede ser juez y parte en la construcción de todo ese tejido “tremenda responsabilidad e incertidumbre jurídica que asumen las empresas en Colombia”, los resultados son evidentes: vínculos quebrados en todos los aspectos. Es notorio que no existe ninguna llave, recuerden: no hay que ensillar el caballo antes de comprarlo.
Al final, se dispara el interés en desarrollar inversión en Colombia. Las empresas que lleguen tendrán un camino expedito en lo social, legal, ambiental y económico. El Gobierno le dice: aquí tiene un título minero con sus respectivas llaves.

Ese candado solo abre cuando existe la sinergia entre Gobierno, empresa, academia y comunidades, donde cada actor se une para disfrutar ese cofre tan precioso, el cual necesitamos todos para transformar de manera sustentable cada rincón de nuestro territorio colombiano. O desaprendemos para reaprender, o seguimos nadando en los conflictos socioambientales.

*Tomado y ajustado del Blog Minería sin escape, El Espectador. Juan Daniel Angulo