La obra profundiza acerca de la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia como verdaderos instrumentos para la tutela ambiental, y cómo su ejercicio estimula una mejora de las técnicas jurídicas ambientales.
‘Los derechos de acceso a la justicia ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano y español’ es el título del libro del abogado boyacense Luis Felipe Guzmán Jiménez, recientemente publicado por la Universidad Externado de Colombia.
En 869 páginas, el jurista duitamense trata sobre los Derechos de Acceso, también conocidos como derechos procedimentales, derechos de garantía, derechos adjetivos o derechos procesales en materia ambiental.
“Ellos son el eslabón o escalera tripartita de la Justicia Ambiental. Hoy en día su eficacia es limitada y débil debido a la escasa regulación jurídica específica tanto en los ordenamientos jurídicos internos, como es el caso del colombiano o el español. Está claro que su regulación exige que sea conjunta, pues cada uno de ellos es un presupuesto y consecuencia del otro, a la vez que comprenden el derecho procesal a gozar de un ambiente sano”, explicó Guzmán Jiménez.
Precisó que, sin el acceso a estos tres derechos es imposible visibilizar una pretensión sustancial de afectación al derecho a gozar de un ambiente sano y que, por lo tanto, son verdaderos instrumentos para la tutela ambiental y que su ejercicio estimula una mejora de las técnicas jurídicas ambientales.
De acuerdo con el libro, el primer derecho corresponde a la información ambiental, el cual tiene un carácter instrumental ‘tuitivo’ o de protección.
Su acceso es esencial para el ejercicio de otros derechos de suma importancia, pero a su vez contribuye de forma significativa a la educación ambiental, la concienciación y, además, es el instrumento idóneo para la formación de opinión pública informada en la materia.
Dicha opinión pública se traduce en litigación ambiental que resulta vigorosa en términos de justiciabilidad y control de la actividad de la Administración.
El segundo derecho corresponde a la participación ciudadana, el cual es el segundo eslabón de la Justicia Ambiental, considerado como el derecho de acceso ‘viviente’.
La ausencia de participación ambiental es origen de conflictos y, a su vez, es un escenario propio para resolver dichos conflictos y cada una las pretensiones de la sociedad civil.
El principal vehículo de participación ciudadana descansa en mecanismos tales como audiencias públicas y consultas populares, principalmente.
Estos son instrumentos típicos que tienen un desarrollo legal y jurisprudencial importante, pero que vienen mostrando poca eficacia en relación con las pretensiones de la sociedad civil.
La participación ciudadana en materia ambiental es una oportunidad de cambio para que la Administración pública logre dotar de legitimidad sus decisiones.
No debe confundirse la función de la participación ciudadana con la oposición a ciertas medidas. No se trata de un espacio para dotar o censurar en términos de legalidad a las actuaciones administrativas, pues para ello el ordenamiento jurídico ha previsto instrumentos para controvertir, como son los recursos en sede administrativa.
El tercer derecho de acceso a la justicia es la faceta ‘correctiva y garantista’ de la Justicia Ambiental, como un verdadero instrumento horizontal de protección ambiental en el Derecho.
Es el derecho que asiste a las personas o asociaciones para acudir a los tribunales y órganos administrativos (árbitros imparciales e independientes) para impugnar o controvertir las acciones u omisiones de la Administración o de particulares en el manejo de los recursos naturales representados en los actos, acuerdos, planes y disposiciones.
“Para el anterior propósito, esta investigación se convierte en una obra de consulta obligada para todos los interesados en estas cuestiones, con abundante riqueza de casos y ejemplos de estudio, tanto nacionales como internacionales, con propuestas rigurosas de nuevos estándares, que reflejan la visión del autor sobre la forma como deberían ser abordadas las pretensiones de la sociedad civil desde la Justicia Ambiental en su dimensión democrática y participativa, a efectos de contribuir a solucionar estos conflictos”, indicaron en la Universidad Externado de Colombia.
El abogado Luis Felipe Guzmán Jiménez es doctor en Derecho con mención internacional de la Universidad Carlos III de Madrid (España), cuya tesis doctoral recibió la calificación de ‘sobresaliente con mención cum laude’, que es la más alta que una tesis doctoral puede recibir en España conforme al artículo 14.7 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Abogado y Magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia.
Dentro de sus libros de investigación se destacan ‘Las aguas residuales en la jurisprudencia del Consejo de Estado: Periodo 2003-2014’ y ‘El activismo judicial y su impacto en la construcción de políticas públicas ambientales. Análisis de caso en el Derecho Jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado’.
Ha tenido varios reconocimientos académicos, como matrícula de honor por promedio académico, eximido de presentar preparatorios por desempeño académico durante la carrera, su tesis de pregrado recibió mención aclamatoria y recomendación de publicación del Consejo Directivo de la Universidad y beca integral para el desarrollo de sus estudios doctorales.
Actualmente es docente e investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, miembro del semillero de talentos de Colfuturo, autor de artículos y libros de investigación, columnista invitado y consultor independiente.