Juntos contra el fantasma del COVID

En las últimas décadas hemos tenido avances significativos en los derechos de los trabajadores del país.

Juntos contra el fantasma del COVID 1
Ángel Custodio Cabrera ministro de Trabajo. Foto: prensa Ministerio del Trabajo.

Por: Ángel Custodio Cabrera Báez. 
Ministro del Trabajo de Colombia

Con la Constitución de 1991 se crea la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instrumento que permite fomentar el diálogo social tripartito entre trabajadores, empleadores y el gobierno en materia laboral y salarial. Desde su creación, en 1996, se ha logrado concertar el salario mínimo anual en 7 oportunidades, entre otros beneficios para los trabajadores.

También se reglamentó la concertación colectiva en el sector público, la cual constituye una oportunidad legal para generar la cultura de una negociación responsable entre las entidades, autoridades y las organizaciones sindicales, esta es una herramienta para la defensa de los intereses comunes.

En los últimos años, y, en especial en el nuevo milenio, las brechas se han ido cerrando con la adopción de políticas robustas en equidad laboral con enfoque de género y con programas como Equipares y Equipares Rural del Ministerio del Trabajo. Hoy las mujeres colombianas ocupan lugares importantes en el campo laboral, en cargos directivos donde deben tomar decisiones trascendentales, reduciendo también la brecha salarial respecto a los hombres.

En el marco de la reparación colectiva, el Ministerio del Trabajo viene adelantando esta gestión con el movimiento sindical, para lo cual realizan actividades que visibilizan y concertan los acuerdos necesarios y así cumplir con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La pandemia causada por la COVID 19, produjo una disminución de la ocupación en el mundo de 114 millones de empleos según la Organización Internacional del Trabajo (OIT); los jóvenes, las mujeres, los trabajadores por cuenta propia y los empleados de baja o media calificación han sido los más afectados y claro que en Colombia no hemos sido ajenos a esta crisis.

Sin embargo, con la reactivación económica segura, el trabajo se ha dinamizado y la tasa de desempleo está en cifras similares a las que teníamos en febrero de 2020, previo a la llegada de la pandemia al país; lo que nos lleva a establecer que el problema del empleo, no es solo a causa de la pandemia, sino es un problema estructural del sistema laboral colombiano que la llegada del virus dejó al descubierto y donde los más afectados son los trabajadores informales.

Por eso tenemos múltiples retos en materia laboral, es así, como hemos impulsado políticas públicas para la protección y generación de empleo y brindar apoyos a quienes desafortunadamente lo han perdido.

La fiscalización rigurosa, el control preventivo y dialogo social, promovidos por el Ministerio del Trabajo, han sido fundamentales en la relación de trabajadores y empleadores, toda vez que se han salvaguardado 130.000 empleos a pesar de la pandemia de la COVID-19. De las 63 solicitudes de despidos masivos de trabajadores que fueron radicadas en 2020 ante el Ministerio, no se autorizó ninguna, lo anterior garantizando los derechos laborales de los colombianos.

Como Gobierno Nacional y siguiendo las indicaciones del Presidente de la República, Iván Duque Márquez mediante herramientas como el Mecanismo de Protección al Cesante, que es un subsidio que se otorga a través de la Cajas de Compensación Familiar y que consiste en el pago de dos salarios mínimos legales, divididos en tres mensualidades y el desembolso de seguridad social   por seis meses a quienes perdieron el empleo, se otorgaron beneficios a 235.000 personas por un valor total de $537.490 millones de pesos.

Adicionalmente para este subsidio se realizó un aporte de la Nación, conforme al Decreto 553 de 2020 con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, por $55.000 millones que permitieron la ampliación de cobertura de este mecanismo y sus transferencias llegaron a 21.000 mil personas adicionales, para un total de 257.000 personas.

También con el Decreto 801 de 2020, el Gobierno nacional creó un auxilio para los trabajadores en lista de espera del Mecanismo de Protección al Cesante, que permitió otorgar a 162.000 personas una transferencia de $160.000 pesos mensuales, hasta por tres meses, con una destinación total de 77.000 millones de pesos.

Desde el Ministerio del Trabajo, también se construyó y el Congreso de la República aprobó la Ley de Trabajo en Casa, medida temporal y excepcional, que ha permitido proteger el empleo a cerca de cuatro millones de trabajadores en medio de la pandemia, además esta medida permitió reducir en un 24.1% la accidentalidad laboral en comparación con el año 2019.

Con la declaración de la COVID-19 como enfermedad laboral directa en el sector salud, unos 670.000 trabajadores se han beneficiado con actividades de prevención, diagnóstico y atención especial para esta enfermedad, así como la entrega de unos 73 millones de elementos de protección personal.

Otra de las medidas implementadas por el gobierno para proteger el empleo formal, fue el apoyo económico para el pago a la nómina y las primas de servicio a los trabajadores, donde se invirtieron recursos cercanos a los 6.4 billones de pesos, para subsidiar el pago de salarios a 4.070 mil trabajadores.

Hemos reducido la tasa de trabajo infantil en el país, al pasar de 5.4% al 4.9% en 2020, y seguimos redoblando los esfuerzos que permitan especial atención a la deserción escolar, factor asociado al trabajo infantil, por eso conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF y las autoridades departamentales y municipales, nos comprometimos al fortalecimiento de la prevención, para evitar riesgos, vulneración de derechos y así asegurar el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se han expuesto a trabajar en medio del pandemia.

Son múltiples los retos que tenemos y en esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo, queremos decirles que no ha sido un año fácil, pero entre todos: empleadores, trabajadores y gobierno, “debemos vencer el fantasma del COVID-19”, para salir adelante y desde el gobierno seguiremos impulsando acciones que permitan disminuir las brechas laborales, el desempleo juvenil, de las mujeres, de las personas en condición de discapacidad y buscar una formalización laboral en beneficio de los trabajadores colombianos.

Y fue precisamente en el departamento de Boyacá y acorde con la historia, cuna de grandes gestas, donde se iniciaron los encuentros regionales para la reactivación del empleo y la formalización laboral, ratificando el compromiso del Gobierno Nacional con iniciativas, propuestas y mesas de trabajo conjuntas, encaminadas a la recuperación de la economía, el bienestar de la región y reducir los altos índices de informalidad.