Junto al COVID-19 y al tapabocas, uno de los personajes del año en Colombia es el abogado duitamense César Augusto Reyes Medina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien pasará a la historia por haberle dictado —junto a sus cuatro compañeros de la Sala de Instrucción— medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva domiciliaria, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Después de que la Corte Suprema de Justicia admitiera la recusación que el senador Iván Cepeda hizo contra la magistrada Cristina Lombana, y la apartara de dos investigaciones que se seguían contra el senador Álvaro Uribe, el alto tribunal designó en mayo del 2019 a Reyes Medina —por orden alfabético— para llevar los procesos en contra del expresidente.
El magistrado boyacense quedó así con dos investigaciones en contra de Uribe: una por presuntamente intentar presionar al exintegrante de ‘Los Rastrojos’ Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de las declaraciones en las que lo vincula con paramilitares, y la otra que provino de una compulsa de copias por supuestamente intentar influir en testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda.
La determinación de poner preso a Uribe Vélez, con casa por cárcel, llevó a que el expresidente renunciara a su curul como senador de la República, lo que hizo que su caso pasará de la Corte Suprema de Justicia a manos del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán.
En su amplia trayectoria, de más de 30 años, el jurista César Augusto Reyes Medina jamás había sido tan famoso como en el tiempo que estuvo al frente del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Este duitamense, de 55 años de edad, cursó su primaria y su bachillerato en el colegió Guillermo León Valencia de su ciudad natal. Se graduó en Derecho de la Universidad la Gran Colombia y realizó una especialización en Docencia Universitaria y otra en Derechos Humanos en la Universidad Santo Tomás y en la Esap. Se especializó igualmente en Derecho Penal en la Universidad Nacional y obtuvo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Durante 17 años se desempeñó como defensor público y fue conjuez en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante tres años.
Trabajó, además, como consultor del Comité de Impulso a la Administración de Justicia en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y fue miembro del Comité Interinstitucional para la implementación de la oralidad.