‘Verdaderamente sí hay una grave contaminación en el lago de Tota, no solo de plomo’, procurador ambiental #LaEntrevista #LoDijoEn7días

El abogado Diego Fernando Trujillo Marín, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de Colombia, en diálogo con Boyacá Sie7e Días afirmó que el agua del lago de Tota no debería tener ninguna clase de metales, ni debía haber niveles permisibles; que el plomo solamente es la punta del iceberg, porque ahora en la evaluación del agua se encontraron otros metales, también en niveles muy importantes; que el estudio de un tercero tendrá que evaluar las pruebas de la Fiscalía frente a lo que presentó ahora Corpoboyacá, y que la franja de protección del lago es de propiedad pública, no de los campesinos que la están ocupando actualmente.

Diego Fernando Trujillo Marín, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de Colombia. Foto: archivo particular

¿Cómo nace la acción de tutela en favor del lago de Tota que interpone la Procuraduría General de la Nación?

Lo de la tutela surge como resultado de un requerimiento urgente que presenta la Fiscalía de Tunja, que está investigando afectaciones que se han catalogado como delitos ambientales relacionados con la contaminación y la invasión de un ecosistema tan importante como el lago de Tota.

¿La Procuraduría hace parte de ese proceso penal que lleva la Fiscalía de Tunja?

No, nosotros no somos parte en ese proceso penal, pero la Fiscalía consideró importante cuando tuvo el resultado de un examen del agua, que habían ordenado para determinar si había contaminación y las pruebas le arrojan un resultado tan alarmante en el tema del plomo.

¿Cuántos exámenes del agua realizó la Fiscalía para determinar la alta presencia de plomo en el lago de Tota?

No sabemos cuántos exámenes ordenó la Fiscalía, pero el resultado sí era para tomar la medida que de inmediato se decidió con la señora procuradora judicial, ambiental y agraria de Boyacá, la doctora Alicia López, que muy alarmada me llama y solicita el apoyo de la Delegada, y por eso procedimos.

¿Por qué recurrieron a la acción de tutela y no a otro mecanismo?

Porque la tutela es la única figura que puede hacer que un juez de manera urgente tome medidas en el evento de comprobar que las pruebas aportadas, en este caso por la Fiscalía, tenían esa relevancia y el efecto en la salud de los pobladores de todos los municipios que toman agua del lago de Tota para su consumo diario.

Trujillo Marín dice que el estudio de un tercero tendrá que confrontar las pruebas de Corpoboyacá con las de la Fiscalía. Foto: archivo particular

¿Se sabe cuándo fueron tomadas esas muestras de agua que arrojaron resultados tan elevados para plomo?

No sabemos la fecha exacta, pero suponemos que los resultados fueron entregados los días antes del informe que nos entregan finalizando el mes de octubre, porque la comunicación que tuvieron tanto la fiscal como la procuradora hacen inferir que fue por esos días que entregaron los resultados.

Como procurador ambiental y agrario a nivel nacional tengo que decir que, en la toma de muestras de un cuerpo de agua tan grande, que tiene tanto líquido para examinar, debe tener una técnica y tomarse en diferentes horarios y sitios, porque la mera temperatura, la hora del día, el comportamiento de los vientos hace que el agua se pueda concentrar con todos sus elementos en determinadas circunstancias externas y meteorológicas de diferente manera en los días, por eso el muestreo tiene que ser con unas técnicas especiales que deberían manejar entidades como el Ideam y como las corporaciones autónomas regionales.

¿Se imaginaban ustedes que la tutela iba a provocar la alarma que se generó en esta región?

La tutela lo que hizo fue activar, coordinar y articular todas las entidades que, teniendo el deber de actuar, no lo habían hecho, y que a raíz de la tutela aparecieron en el lago de Tota, cumpliendo con un deber que no debería esperar nunca acciones judiciales y menos de una tutela, sino que deberían ser de la diaria rutina de estas entidades y no cuando los medios o una acción judicial hablan del tema.

Eso dejó muestra de un gran vacío, de una gran descoordinación y desarticulación del Sistema Nacional Ambiental, del cual hacen parte el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y los institutos del Ministerio de Ambiente, como el Ideam, y que pone también en el juego a entidades como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos, los alcaldes y sus secretarías de Salud.

El funcionario del Ministerio Público afirma que verdaderamente hay una grave contaminación en el lago de Tota y no solamente de plomo. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días

¿Por qué estos últimos entran también en el juego?

Porque, al parecer, y eso lo demuestra lo que ha acontecido en los últimos 15 días, la calidad de las aguas está únicamente sometida a la evaluación que hacen los técnicos de los prestadores de servicio. Siendo el agua un servicio público esencial y determinante para la buena salud de los consumidores de la misma, no hay un control que pueda llevarnos a tener la tranquilidad en ninguna de las empresas de servicios públicos del país, para mostrar que la relación entre el uso que le demos en la ruralidad al agua y al suelo, está estrechamente vinculada a lo que pasa en las ciudades cuando el agua se transporta desde estos sitios.

¿Y qué ha pasado con el tema del plomo en el lago de Tota?, ¿si hay o no hay?

Verdaderamente sí hay una grave contaminación, no solamente de plomo. El plomo solamente es la punta del iceberg, porque ahora en la evaluación del agua se encontraron otros metales, también en niveles muy importantes. No soy técnico ni científico para decir si afectando o no la salud humana, pero es que el agua no debería tener ninguna clase de metales, ni debía haber niveles permisibles o no, sino que todo lo que sea distinto al agua o las razones por las cuales llegan a los acuíferos, debería eliminarse por parte de las autoridades territoriales y las empresas que prestan estos servicios.

¿Puntualmente que solicita la Procuraduría en la tutela?

La tutela es una voz de alarma teniendo en cuenta una prueba que entrega el principal ente acusador e investigador de delitos, que gracias a la actuación de la Procuraduría está analizando la posibilidad de abrir nuevamente la Unidad Nacional de Delitos Ambientales, que había sido cerrada en la administración del doctor Néstor Humberto Martínez y cuyas funciones habían pasado a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, distrayendo y disminuyendo la importancia de algo tan transcendental como los delitos ambientales.

Eso nos llevó a nosotros a tomar la decisión de presentar la tutela, porque nosotros tenemos que creer en las bases científicas y técnicas que toma la Fiscalía para la evaluación de algo tan delicado como para afirmar que el agua de Tota está contaminada, ahora de plomo y posteriormente de otros metales pesados que tienen que ver con el mal uso que se hace por parte de los agricultores, ganaderos y piscicultores que explotan los terrenos alrededor del lago, y no solamente con eso, sino lo que está afectando otros procedimientos industriales, como puede ser el aire que emiten actividades como las acerías y las cementeras que hay cercanas, todas ellas que utilizan elementos que el viento puede llevar, tener contacto con el agua y producir los niveles de plomo que había determinado inicialmente la Fiscalía.

El procurador recalca que la franja de protección del lago se tiene que recuperar porque es de propiedad pública. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días

Hay unos resultados recientes de Corpoboyacá que indican que la presencia de plomo en el lago de Tota está por debajo de los parámetros permitidos. ¿Qué viene ahora entonces? 

Una corporación autónoma regional, que estaba siendo cuestionada por su papel como autoridad ambiental, ahora aporta otra prueba, pero acuérdense que esta prueba la está aportando no solamente la autoridad ambiental, sino quien estaba siendo cuestionado y que podría ser sancionado por lo tal. Entonces, todos los órganos judiciales que van a intervenir deberán sopesar las pruebas que se están aportando, porque no es lo mismo una prueba cuando yo la hago independientemente como autoridad ambiental, que otra que hago para defenderme de una investigación por omisiones o por problemas en mi operatividad como autoridad ambiental.

¿Quién definirá cuáles son los resultados correctos en cuanto al plomo en el agua del lago de Tota?

Tiene que entrar ahora un estudio de un tercero para evaluar lo que presentó la Fiscalía, que debía tener una base científica muy fuerte o un laboratorio técnico muy bueno para poder defender esa prueba que puso a mover el andamiaje del Ministerio Público, frente a lo que presentó ahora la corporación, teniendo en cuenta circunstancias de tiempo, modo y lugar y condiciones meteorológicas. Es mucha agua la que hay que examinar, pero el caso es que sí está contaminada y vamos a determinar en qué niveles para consumo humano, pero que está contaminada, no pierda la menor duda.

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente por un valor de 4,2 millones de euros para la ejecución de un conjunto de acciones estratégicas orientadas al mejoramiento ambiental del ecosistema lagunar de Tota. ¿Le harán ustedes seguimiento a estos procesos?

Claro que sí. A diferencia de la Contraloría, que no se puede poner a investigar fiscalmente el origen y el destino de los dineros de cooperación internacional, la Procuraduría sí puede disciplinariamente investigar qué se está haciendo con los millones de dólares y de euros que entran al país en materia de cooperación internacional para mejorar el tema ambiental en Colombia, que está siendo hoy en día devastado en todos sus ecosistemas, porque el territorio se ha convertido en botín de la guerra que hemos vivido en los últimos 50 años.

De hecho, el señor procurador, en el cierre de su gestión, va a convocar a toda esta cooperación internacional para que ellos mismos pongan la lupa de la manera como se la está gastando el Gobierno, porque no puede ser que existan documentos Conpes, como el del lago de Tota, y se queden como un saludo a la bandera, como un mero documento, y que los recursos se hayan destinado en burocracia en Bogotá para el estudio y la elaboración de proyectos y proyectos, libros y publicaciones a colores y muy bien emitidos, que es en lo que termina el dinero de la cooperación internacional, invitando a los embajadores al lanzamiento de los mismos en un coctel muy elegante, pero a los territorios no está llegando esa cooperación internacional de manera efectiva en todos los casos.

El abogado Rigoberto Alfonso dice que es indispensable un plan de saneamiento ambiental de los municipios que hacen vertimientos de aguas residuales al lago. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días
Bocatoma Lago de Tota. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días

¿Qué decir de las aguas negras que se vierten al lago de Tota, como las de Aquitania, por falta de plantas de tratamiento?

Es una obligación y ya el señor procurador va a mandar una directiva a todos los procuradores regionales y provinciales para que pongan la lupa en estos procesos de saneamiento de agua potable. Ya es hora de que el Ministerio de Vivienda y Agua Potable, de manera articulada con el Ministerio de Salud, empiecen a poner mucha atención en este tema. Ya se empiezan a identificar enfermedades que se convierten casi en endémicas en unas zonas del país. Lo que se dice del lago de Tota con altos niveles de incidencia en cáncer gástrico, podría tener relación sobre los metales pesados que están cayendo vía el escurrimiento de las aguas, luego de que pasan lavando los territorios utilizados por actividades agrícolas como la siembra de cebolla, que utiliza tanto pesticida, tanto veneno, tanto herbicida y agroquímicos.

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¿Intervendrá la Procuraduría en el tema de la delimitación de la ronda del lago de Tota?

Ya actuamos muchísimo y estamos en la delimitación con la corporación autónoma en lo que la franja de protección del lago se tiene que recuperar. Esta área es de propiedad pública, no de los campesinos que la están ocupando ahora, y por ser una propiedad pública es inalienable, inembargable e imprescriptible. La familia más tradicional de Boyacá, de Aquitania, de Tota, de todos esos municipios puede llevar 100 o 200 años ocupándola, pero por ser pública es imprescriptible y su posesión durante el tiempo no genera derechos de propiedad, ni ningún juez de la República les podría fallar, como ilícitamente lo están haciendo en los llanos algunos jueces inescrupulosos.

La propiedad pública se debe respetar y ya es hora de que la directora de la Agencia Nacional de Tierras, una doctora muy profesional y muy seria como es la doctora Myriam Carolina Martínez, boyacense, demuestre cómo desde la agencia, que tiene la obligación constitucional de proteger la propiedad pública, delimita el lago de Tota y recupera de manos inescrupulosas, que se han querido apropiar de esta propiedad pública, una franja que va a ser vital para la recuperación del lago de Tota.