¿Qué hacer ante la inminente politización del mérito? – Pedro Javier Barrera Varela – #ColumnistaInvitado

En el ordenamiento jurídico colombiano, el principio del mérito se veía más como una especie de utopía que como una regla de estricto cumplimiento.

Sin embargo, el constituyente de 1991 quiso dotar de mayor eficacia normativa a esta forma de ingreso al empleo público. De ahí que, el artículo 125 estableciera como regla general la selección de funcionarios a través del concurso de méritos.

Además, señaló que las otras formas de ingreso solo son una excepción a la cláusula general de meritocracia. Y para que este propósito del Estado social de derecho pudiera materializarse se encargó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad autónoma e independiente, la organización de la carrera administrativa en nuestro país.

Sin embargo, la voluntad del constituyente no se materializó en un corto plazo. Solo hasta la expedición de la Ley 909 de 2004, “Por medio de la cual se organiza empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública”, la Comisión pudo contar con los mínimos requeridos para su funcionamiento.

A esto debe agregarse, las sentencias que controlaron la constitucionalidad de este instrumento legal, pues no era bien visto dotar a un órgano independiente y autónomo de tal poder como la “selección de empleados públicos”. Esto generó gran tensión.

Por una parte, el sistema tradicional quería dominar e imponer los nombramientos de acuerdo a un criterio de fidelidad y favores políticos. Y, por la otra, el sistema constitucional que buscaba materializar la garantía del igual acceso a la función pública.

La Corte Constitucional tuvo que dar un gran espaldarazo al sistema meritocrático para así permitir la dirección de la carrera administrativa por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil[1].

Finalmente, y luego de 13 años de vigencia del artículo 125 constitucional, este organismo pudo convocar al primer concurso de méritos del sistema general de carrera, Convocatoria 01 de 2005. A partir de entonces, el mérito tomó confianza y empezó a ganar terreno ante la selección por criterios discrecionales y/o políticos.

No solo comenzaron a convocarse más concursos en el sistema general, sino también en los sistemas específicos y especiales de carrera. También, cargos que tradicionalmente eran elegidos por criterios discrecionales entraron a la regla de meritocracia. En otras palabras, el techo del mérito se elevó.

En concreto, los cargos de: i) procurador judicial I y II, sentencia C-101 de 2003, ii) director de la Contraloría General de la República, sentencia C-284 de 2011, iii) personeros municipales y distritales, Ley 1551 de 2012 y C-105 de 2013; iv) convocatoria pública para la elección de contralor general de la república, Acto Legislativo 02 de 2015 y Ley 1904 de 2018, y para contralores territoriales , Acto Legislativo 04 de 2019, entre otros; que antes se elegían de manera discrecional y/o política, ahora deben elegirse mediante un sistema de selección objetiva.

A pesar de este significativo avance, preocupa el “rebrote” del sistema político. Por esta razón, planteamos la tesis según la cual la política quiere cooptar el mérito.  Ahora bien, pongamos nuestra tesis a dialogar en un escenario pragmático: “concursos de méritos para elección de personeros”.

Aparentemente, esta elección ha dejado de ser política, pues los concejos solo intervienen de manera directa en la etapa de la entrevista, cuyo ponderado sobre el total del concurso “tan solo” es del 10%. La realidad nos muestra otra evidencia.

Centenares de concursos demandados, en tan solo dos períodos de haber comenzado el sistema de elección por méritos. Un gran grupo de concejos municipales y/o distritales han salido al paso y buscan “politizar” desde el momento mismo en que comienza el concurso. La estratagema consiste en escoger una empresa de garaje o un intermediario que les facilite la operación del concurso bajo criterios que les permitan “escoger su personero”.

Es decir, de entrada, se favorece a un candidato para que salga avante en las pruebas de selección. En nuestro departamento, dentro de esta tipología se encuentran los concursos de méritos realizados por el Concejo de Sogamoso.

Otro grupo de concejos, contrata con entidades de educación superior acreditadas y con amplia experticia en la realización de concursos públicos. En esta segunda tipología no se cuestiona la falta de idoneidad, tanto de la entidad que opera el concurso como de las pruebas aplicadas, sino el 10% final que corresponde a la entrevista. Por ejemplo, el concurso de Nobsa, que, a pesar de haberse realizado por la ESAP, es decir que estas pruebas no tuvieron mácula alguna, al momento de la entrevista, el Concejo municipal de forma unánime calificó con 2.0 puntos a los 3 aspirantes que ocupaban los primeros lugares, previo a la entrevista.

Y, en cambio, calificaron con un puntaje de 10.0 a la aspirante que ocupaba el cuarto lugar. En pocas palabras, los evaluadores actuaron como verdaderos matemáticos, de tal forma, que la candidata del cuarto lugar lograse superar, así sea por la mínima diferencia a los candidatos que iban encabezando las pruebas.

En Bogotá sucedió algo similar, pues 33 concejales del Distrito calificaron con 10.0 puntos a un aspirante, mientras que 22 concejales calificaron con 1.0 puntos al aspirante José Ariel Sepúlveda, quien fue presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil en 2018, y punteaba en las pruebas realizadas por la Universidad Nacional.

A esto me refiero con la politización del mérito. Por esta razón, nos preguntamos ¿cómo podemos proteger el ingreso al empleo público ante el rebrote de la politización? La solución debe ser la reforma normativa, pues los concejos distritales y municipales consideran que siguen actuando como un órgano político y no como un auténtico evaluador dentro de un concurso de méritos.

Sin embargo, estamos convencidos de que esta reforma no va a ser propiciada por el Congreso de la República, porque el mérito en el empleo público no es un asunto de la agenda parlamentaria. Así, la única alternativa posible es que la ciudadanía se encargue de poner el tema del empleo público como un asunto relevante en la agenda nacional. Tenemos plena convicción que para construir país se requiere de un sistema objetivo y no politizado bajo el cual se seleccionen a sus funcionarios públicos.

[1] Ver entre otras, las sentencias C-425 y C-1265 de 2005 y C-109 de 2006. En estas providencias la Corte Constitucional se pronunció frente a la constitucionalidad de las disposiciones que regulaban la composición, estructura y funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, contenidas en la Ley 909 de 2004.