Con la decisión de la que aún no se han notificado, se salvan la hoy Alcaldesa, los dos concejales (Alirio Figueroa y Julio Salcedo) y 15 exconcejales, incluido el hoy diputado y presidente de la Asamblea, Ricardo Rojas.
La Procuraduría Regional de Boyacá decidió revocar el fallo de primera instancia, es decir de la Procuraduría Provincial que se había conocido a mediados de junio pasado y absolver de cualquier conducta disciplinaria por errores de procedimiento a los disciplinados por autorizar a la Mandataria a comprometer vigencias futuras ordinarias del año 2013 para financiar gastos de funcionamiento, falta que había sido calificada por la Procuraduría como grave con culpa gravísima.
“Se demostró que los disciplinados con la aprobación del Acuerdo No. 021 del 31 de agosto de 2012, comprometieron vigencias futuras ordinarias para garantizar la continuidad en la prestación de servicios administrativos y protección de bienes públicos por valor de $248.100.000 pesos, que no estaban destinados a financiar proyectos de inversión ni previstos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 ‘Duitama, más unidos más humanos’”, decía en uno de los apartes el fallo en la primera instancia.
Por esta razón, la alcaldesa de Duitama, para la fecha de los hechos, Constanza Isabel Ramírez Acevedo (hoy de nuevo en el cargo), y 17 concejales elegidos para el periodo 2012-2015, fueron sancionados con suspensión e inhabilidad por cuatro meses, pero decidieron apelar el fallo y ahora en segunda instancia la Procuraduría Regional de Boyacá, acaba de revocar la decisión tomada en primera instancia.
Entre las normas transgredidas se citó el artículo 12 de la Ley 819 de 2002 que establece que “(…) la corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento (…)”.
Los cabildantes sancionados con la suspensión eran: José Fernando Barajas Nova, Alfredo Horacio Correa Higuera, Luis Alirio Figueroa Cordón, Ramiro Gonzalo González Becerra, Henry Manuel Gutiérrez Sandoval, Ricardo Alonso Rojas Sáchica, Óscar Francisco Rosas Valderrama, Julio Enrique Salcedo López, Óscar Fernando Serrano González, Martha Nuvia Suárez León, Milton Ricardo López Pacheco, César Augusto Mojica Bedoya, Luis Fernando Neira Pinzón, José Alfonso Nitola González, Mauricio Alexander Pedraza Chaparro, Carlos Fabián Rojas Alvarado y Alexander Velasco Barón.
Según el Ministerio Público, en su primer fallo hace un poco más de cuatro meses, los disciplinados de la llamada ‘Perla del departamento de Boyacá’ transgredieron el numeral primero del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 que prohíbe a los servidores públicos “incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el congreso, las leyes (…)”.
El Procurador Provincial de Santa Rosa de Viterbo, además recordó en su memento, en su fallo que “las vigencias futuras son circunstancias presupuestales extraordinarias y excepcionales, y que por su jerarquía deben ser utilizadas conforme a lo establecido en la ley 819 de 2003”.
Con la revocatoria del fallo de la Procuraduría Provincial, se salvaron tanto la Alcaldesa, como los dos concejales y el diputado, al igual que los otros exconcejales que ocupen o tengan contratos públicos.