Lo que había comenzado sutilmente hace poco más de un mes, en los últimos diez días se ha hecho más evidente. Tras la reapertura total o parcial de las economías de los países vecinos y el recrudecimiento de la crisis en Venezuela, miles de personas buscan atravesar fronteras que, sin embargo, siguen cerradas por el covid-19.
Van, nuevamente, caminando. Y en el recorrido se exponen no solo a infectarse con el virus, sino también a malos tratos por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, como han denunciado esta semana la Iglesia católica y la Asamblea Nacional.
El miércoles, la Iglesia católica, en la voz del monseñor Mario Moronta, les había pedido a estos, expresamente, respeto hacia la gente “que lamentablemente ha tomado la opción de irse de este país porque hay hambre y hay miseria”.
“Tanto guardias, policías y militares en los puntos de control: defiendan y protejan a los migrantes. Respeten la dignidad del pobre y del que sufre”, exigió Moronta.
Aunque, según el diputado Valero, entre los caminantes hay también nuevos migrantes, coincide con otros expertos en señalar que, entre las causas de esta nueva oleada, destaca, también, el “tratamiento terrible” que, dijo, ya habían recibido los más de 100.000 retornados.
Testimonios recogidos por la agencia Efe entre los grupos de caminantes que se movilizan, principalmente en el occidente del país, dan cuenta de que los que están buscando salir, en esta nueva oleada, lo hacen principalmente por motivos económicos.
La más reciente medición de la firma Consultores 21 sobre el tema migratorio, del mes de junio, apuntaba a que 13 por ciento de los venezolanos querían salir, a pesar del covid-19. “Más de un millón y medio de personas que manifiestan claras intenciones de irse”, explicó a este diario recientemente el profesor Gerardo González, gerente de proyectos de Consultores 21.
*Con información de El Tiempo y Agencia EFE.