El magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá, se refiere a la justicia en tiempos del COVID, de los fallos emitidos en los últimos tres meses, de los errores más comunes que han cometido los alcaldes durante la emergencia económica, de la nulidad de la elección del alcalde de Páez y de un concejal de Chita, y de la demanda de nulidad electoral en contra del alcalde de la ciudad de Tunja.
Foto: Luis Lizarazo / archivo Boyacá Siete Días.
¿Cómo ha trabajado el Tribunal Administrativo de Boyacá en estos tiempos de pandemia?
En estos meses en que hemos soportado tan severas restricciones en todos los aspectos, el Tribunal Administrativo de Boyacá, y en general la jurisdicción contenciosa del Distrito Judicial, ha venido laborando cumpliéndole al país en esta tarea de administrar justicia. Hubo un primer periodo durante el cual la restricción fue demasiado fuerte y obligó a que únicamente se les diera trámite a las acciones constitucionales: acciones de tutela, habeas corpus. Pero, a partir del primero de julio se levantó la suspensión de términos que afectaba los procesos ordinarios, de suerte que desde julio la jurisdicción está prestando, en términos de virtualidad, el servicio de administración de justicia y en algunos casos excepcionales, a través de la presencialidad.
Durante la restricción más fuerte, ¿qué estuvieron haciendo ustedes?
Durante todo el tiempo de la pandemia la jurisdicción laboró también preparando esas decisiones que empezaron a darse a conocer a partir del primero de julio. No quiere decir que la suspensión de términos hubiera significado que la justicia contenciosa, aquí en el departamento de Boyacá, no estuviera laborando, por el contrario, se trabajó con todo el denuedo y con todo el esfuerzo para que, a partir del primero de julio, incluso, se dieran a conocer muchas decisiones, que fueron preparadas y tomadas por los jueces y el Tribunal en esta época.
¿O sea que no se frenó el trabajo del Tribunal por el tema de la pandemia, porque siguieron trabajando desde sus casas?
Las disposiciones relativas al trabajo en casa fueron adoptadas por el Gobierno nacional, a través de los decretos legislativos de estado de excepción, y replicadas por acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que privilegian el trabajo en casa. De hecho, la semana pasada nuevamente el Consejo Superior volvió a prorrogar estas medidas de trabajo en casa como la regla general y la virtualidad en la administración de justicia, con el compromiso de que no haya una interrupción que afecte este servicio esencial.
¿Desde que se reiniciaron las labores, después de las restricciones más severas, cuántos procesos han logrado tener fallo?
En el Tribunal Administrativo de Boyacá, el mayor número de pronunciamientos ha estado relacionado con el control inmediato de legalidad sobre todos esos actos de carácter general que en ejercicio de la función administrativa han expedido las autoridades locales, en desarrollo de los decretos legislativos de estado de excepción. Ese control inmediato de legalidad estaba regulado en la Ley Estatutaria de la administración de justicia, pero también el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011, estableció este medio de control de estas decisiones en situaciones excepcionales, como esta época de pandemia.
¿En cifras, cuántas decisiones se han proferido del primero de julio a la fecha?
Se han proferido más de 1.500 decisiones, es decir que se ha logrado revisar un número muy importante de determinaciones adoptadas por los gobernantes locales en desarrollo de la emergencia económica.
¡Ha sido un trabajo muy notable!
Sí señor, efectivamente. Este es un control que, tengo que precisar, está radicado en los tribunales administrativos, en este caso en el Tribunal Administrativo de Boyacá, respecto de los actos de los gobernantes locales, porque de las autoridades nacionales el control lo ejerce el Consejo de Estado. Es un trabajo que se hace únicamente por parte del Tribunal, revisando actos que profieren los gobernantes del departamento. Boyacá tiene 123 municipios: imagínese usted en toda esta época de pandemia la cantidad de determinaciones que ha tenido que revisar el Tribunal, además porque es lo que se llama un control automático, es decir, un control que opera por mandato de la ley y existe la obligación de los gobernantes locales de remitir esas decisiones para la revisión de legalidad que hace el Tribunal.
¿Qué fallos para destacar ha proferido el Tribunal en estos meses?
Decisiones muy importantes. A propósito de este control inmediato de legalidad, se ha sentado jurisprudencia en relación con las facultades que tienen los gobernantes locales para decretar, en este caso, lo que se llama la urgencia manifiesta, que los habilita para contratar de manera directa bienes y servicios a fin de atender las necesidades de la pandemia. El Tribunal ha sido en esto claro de que sí pueden hacer uso los gobernantes locales de esa facultad de contratación directa, pero tiene que haber una conexidad de carácter material con las causas que le dieron origen a esta situación de emergencia. En eso hemos sido muy exigentes de que los actos estén debidamente motivados, que guarden esa conexidad y que, esto es muy importante decirlo, las determinaciones que se adopten para lo que es el uso de los recursos públicos solamente se refieran a las necesidades de la pandemia expresamente señaladas en esos actos que declaran el estado de urgencia manifiesta.
¿Cuáles han sido los errores más frecuentes en los que han caído los alcaldes en las decisiones que han adoptado en esta emergencia?
Común, pero muy común ha sido la falla en materia de traslados presupuestales, afectando rentas de destinación específica de orden constitucional, entonces muchas veces tuvimos que declarar la ilegalidad o la legalidad condicionada de esas determinaciones, porque desconocían el alcance de las atribuciones en materia de traslados y modificaciones a los presupuestos locales. El Tribunal les señaló unas pautas de qué es lo que se puede hacer a propósito de los movimientos presupuestales que, obviamente, son necesarios: por ejemplo, créditos y contracréditos a los presupuestos locales bajo determinadas condiciones, sin afectar, porque la idea es que no se puedan afectar, rentas de destinación específica de orden constitucional.
En cuanto a nulidad electoral de servidores y funcionarios públicos de elección popular, ¿qué fallos se han dado en los últimos días?
Últimamente adoptamos una determinación en relación con el alcalde del municipio de Páez, señalando algo que es muy importante, y es que muchas veces los que resultan elegidos como gobernantes locales no tienen el cuidado suficiente a la hora de examinar su situación al momento de inscribirse como candidatos. En este caso, el que fue elegido alcalde de Páez, imagínense ustedes que adoptó esa determinación de inscribirse estando abiertamente inhabilitado, porque su esposa fungía como registradora del Estado Civil en ese mismo municipio, entonces aquí se da uno cuenta del descuido tan grande que hay a la hora de la inscripción a las candidaturas, desconociendo las causales de inhabilidad.
¿Cómo fue el caso del concejal de Chita que perdió su credencial recientemente?
Ese fue un tema relacionado con el desconocimiento de las reglas para la contabilización de los votos. Se pudo establecer que efectivamente sí había existido una alteración del resultado electoral, y esto, pues, a raíz de los problemas que detecta esta jurisdicción en el proceso electoral, unas falencias que se dan precisamente al momento en que los formularios correspondientes son tramitados por los jurados de votación y pasa luego esa información a manos de las otras autoridades electorales y se diligencian muchas veces esos formularios de manera descuidada, alterando el resultado de las elecciones.
El Tribunal vuelve a insistir en la necesidad de que las autoridades electorales tengan mucho cuidado a la hora de diligenciar estos formularios, porque pueden generar, como en este caso, unas determinaciones que están alejadas de la realidad y que es necesario corregir.
¿La virtualidad les ha complicado un poco el trabajo a ustedes?
No digo que sea complicación: obviamente que esto significó un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, que en principio generó cierta molestia, porque la verdad la justicia no estaba preparada para trabajar virtualmente, y cuando digo la justicia me refiero tanto a la institucionalidad y a las herramientas con que se cuenta.
Los funcionarios tampoco estábamos capacitados para dar este salto, que fue de la noche a la mañana, entonces hubo necesidad de que primero todos nos pusiéramos a la tarea de aprender sobre la marcha e implicó que el Consejo Superior de la Judicatura pusiera en funcionamiento de inmediato todo un andamiaje para digitalizar la justicia, para pasar a esa virtualidad, que también se hizo sobre la marcha.
Este era un compromiso que venía prácticamente desde hace 10 año, que existiera el expediente electrónico, que se digitalizara la justicia, entonces esto nos tomó de la noche a la mañana, pero le puedo asegurar que no hemos sido inferiores al reto: hoy por hoy los funcionarios judiciales, todos, estamos ya muy conscientes y además preparados para afrontar el reto de la justicia digital.
¿En el tema laboral, esta pandemia ha afectado en algo a la Rama Judicial?
Aquí debo hacer la siguiente precisión: se pudo establecer que hay un contingente de empleados de la Rama Judicial que presenta comorbilidades. Al presentar comorbilidades, no pueden asistir a las sedes judiciales y muchos de ellos deben permanecer bajo las más estrictas medidas de confinamiento, lo que ha generado desde el punto de vista laboral cierto traumatismo, tanto para esos empleados como para la administración de justicia, que no puede contar con ellos sino desde la casa. Ese ha sido el primer aspecto, y el segundo es que, en relación con el tema de los horarios y de las jornadas, dado que se privilegia el trabajo desde casa, ha habido la necesidad de fijar unas reglas muy claras de cómo se trabaja desde casa, también respetando los horarios y el espacio que los trabajadores de la justicia deben tener para su descanso y para compartir en sus casas, entonces esto también ha estado regulado.
¿Y en cuanto a la parte salarial y prestacional?
En el aspecto salarial y prestacional se ha mantenido incólume. Todos los beneficios que están establecidos en la ley laboral, todos los empleados de la Rama Judicial los siguen recibiendo normalmente, puntualmente el pago de sus salarios y de sus prestaciones, y todos en medio de esta dificultad comprometidos en la tarea de administrar justicia.
¿Ustedes ya han realizado audiencias virtuales?
Sí, desde hace ya varios meses venimos realizando audiencias virtuales dentro de los procesos que lleva la justicia contenciosa, que son una manifestación de ese compromiso que tiene la Rama con seguir adelante en la administración de justicia.
¿Estaba preparado el Tribunal Administrativo de Boyacá para esa virtualidad en cuanto a tecnología?
Voy a responderlo de esta manera: se ha hecho lo que se puede con lo que se tiene, aunque sí se echa de menos algunos equipos con mayor capacidad, pero es increíble que con las herramientas actuales hayamos podido enfrentar este reto. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva, por ejemplo, aquí a nivel seccional de Tunja, ha hecho ingentes esfuerzos por dotarnos en el Tribunal y en los juzgados de las herramientas necesarias. Recientemente nos fueron entregados unos escáneres para cada uno de los despachos, porque el paso que sigue en este tema de la virtualidad es digitalizar la justicia, eso implica que todos los expedientes pasen de ser expedientes físicos a expedientes digitalizados, y eso va a ser para la justicia un gran paso, porque va a haber más celeridad en la administración de justicia y, además, más economía, porque el papel comporta unos gastos muy grandes para el presupuesto de la Rama.
¿Qué noticias hay desde el Tribunal Administrativo de Boyacá para el departamento?
En este momento está todavía en estudio la demanda de nulidad electoral en contra del actual alcalde de Tunja. Todavía no hay un pronunciamiento al respecto, pero el proceso sigue su trámite, así que próximamente se conocerá la decisión sobre la elección del alcalde de Tunja. Es la noticia que tenemos ahí en salmuera y esperamos que próximamente se dé a conocer una decisión en ese sentido y estaremos prestos a comentarla.
¿Con cuántos magistrados cuenta el Tribunal y con cuánto personal?
Seis magistrados tiene el Tribunal Administrativo de Boyacá, y en este momento creo que, con judicantes, auxiliares y el personal de secretarías, podemos contar con más o menos 50 colaboradores.