Almeida, Belén y Cerinza en la mira de SAYCO

El pago del impuesto por el uso de la música en las ferias y fiestas y en eventos masivos, es otro reto que enfrentan los mandatarios locales y los gestores culturales.

Aunque las fiestas patronales son los eventos esperados por la comunidad, los alcaldes deben hacer gestión para llevar espectáculos gratuitos a su pueblo y además pagar los impuestos por el uso de la música que es el insumo fundamental de las efemérides. Fotografía – Archivo particular.

Según lo dieron a conocer voceros de la Sociedad de Derechos de Autor a este medio, Almeida, Belén y Cerinza son los municipios de Boyacá obligados a pagar los derechos de autor a la Sociedad tras la demanda presentada por la entidad, por evasión en el pago y el uso indebido de las obras musicales en la realización de eventos públicos.

El gerente de SAYCO, Cesar Ahumada, dijo que con el apoyo de la Procuraduría provincial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado promiscuo de esa localidad, los actuales mandatarios de los municipios demandados reconocieron y conciliaron lo adeudado por una suma total de ciento once millones cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos ($111.044.150)
Dice también que el pago de los derechos de autor es la retribución que llega a los compositores y autores de Colombia por el uso de sus obras musicales, son ellos nuestro principal motor para velar por el recaudo de su trabajo, aseguró Cesar Ahumada.
Cesar Ahumada gerente de SAYCO. Fotografía – Archivo particular.

Añadió: “Los mandatarios deben exigir el pago de los derechos al momento de autorizar los eventos a realizar en sus municipios y así evitar sanciones jurídicas, respaldando el talento y labor de nuestros compositores, ya que el desconocimiento ha llevado a varios mandatarios a cometer equivocaciones y sucumbir a engaños pagándole a los denominados ‘gestores individuales’, incurriendo en la posible comisión de delitos como peculado a favor de terceros y a su vez favoreciendo el enriquecimiento ilícito de este tipo de actores ilegales que cobran por el uso de obras musicales que no representan”.

Ahumada confirma que en la actualidad cursan su etapa investigativa ante la Fiscalía general de la nación, denuncias penales contra gestores individuales, por actuaciones que atentan contra el patrimonio de los compositores colombianos, en donde quedaron presuntamente involucradas las alcaldías de Ibagué, Pacho en Cundinamarca y algunos empresarios de espectáculos públicos musicales.