La juez explicó que se aplazó para poder analizar a profundidad todos los argumentos sobre el sistema penal aplicable antes de tomar su decisión.
El próximo martes 22 de septiembre continuará la audiencia para decidir si se le otorga o no la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cobijado con una medida de aseguramiento por una determinación de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal.
Durante esta semana, la jueza 30 de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, Clara Salcedo, evaluará si se declara competente para decidir sobre la libertad del exsenador del Centro Democrático.
También deberá resolver cuál debe ser el proceso penal aplicable al caso: la Ley 600 del 2000, que venía utilizando la Corte Suprema de Justicia, o la Ley 906 del 2004, Sistema Penal Acusatorio.
En la audiencia de este martes no se trató el tema de la libertad del expresidente de la República, sino únicamente se dio trámite a los argumentos sobre cuál debe ser el sistema penal aplicable, de donde derivará cuál es el funcionario competente para decidir sobre la libertad de Uribe Vélez.
El abogado del senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, solicitó que el proceso de Álvaro Uribe siga llevándose por la Ley 600 del 2000.
En la audiencia se hicieron presentes como víctimas el exfiscal general Eduardo Montealegre y su ex vicefiscal Jorge Perdomo. Montealegre manifestó que el juez competente para cuando se cometieron los hechos era la Corte Suprema, en la Ley 600, por lo que el juzgamiento le corresponde a la Corte Suprema.
“Aquí, si bien la investigación la puede hacer la Fiscalía con un fiscal delegado ante la Corte, es absolutamente claro que el juicio le correspondería a la Sala de Juzgamiento en primera instancia y a la Sala de Casación penal de la Corte”, afirmó el exfiscal.