En el 2018 el presidente del Concejo de Sogamoso en ese momento, Osbaldo Pesca, nombró a Myriam Andrea Vargas Camargo y a otra persona en cargos en esa corporación.
En el 2019, el entonces presidente del cabildo municipal, Juan Pablo Parra, procedió a retirar a los dos funcionarios de sus cargos porque, al parecer, esos nombramientos tenían anomalías, al no existir acta de posesión.
Myriam Andrea Vargas interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que conoció el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso, que inadmitió la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad ante la Procuraduría. Por esta razón, se convocó al Concejo municipal y municipio de Sogamoso a conciliación con la Procuraduría 46 Administrativa de Tunja, cuya pretensión era que se le reubicará a la demandante en el empleo de secretaria del Concejo o en uno mejor, y como perjuicios pedía cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (87 millones de pesos).
Sin embargo, la demanda fue radicada después de los 4 meses que establece el Código Administrativo para este tipo de acciones. Ante la caducidad de la acción, no se realizó propuesta conciliatoria.
Lo curioso es que, pese a que Andrea Vargas demandó al Concejo y al municipio de Sogamoso, el presidente del cabildo municipal, Julio César González (foto), la contrató a ella por 11 meses para prestación de servicios de apoyo a la gestión en la entidad.