En el último mes han muerto ocho personas en accidentes en minas de carbón de Boyacá: cuatro en la vereda Morcá de Sogamoso y otras cuatro en la vereda El Pozo de Socha.
Las tres tragedias, ocurridas el 7 y el 24 de agosto, y este jueves 10 de septiembre, comparten varias coincidencias, entre ellas que los fallecidos eran personas humildes y que fueron accidentes que pudieron prevenirse.
Una coincidencia adicional, pero también la más lamentable, es que las tres minas donde ocurrieron estas tragedias no estaban autorizadas para realizar explotación de carbón. En otras palabras, nadie debía estar trabajando en esos socavones, y si hubieran acatado las medidas, tampoco nadie debía haber muerto allí.
La ingeniera Gloria Catalina Gheorghe, gerente de Proyectos Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), explicó en su momento que la mina Río Chiquito 2 de Morcá, en la que murieron una mujer y tres hombres por un derrumbe ocurrido el pasado 7 de agosto, tenía orden de suspensión, es decir que no podían estar laborando.
“En julio (de este año) la Agencia Nacional de Minería hizo una visita y encontró que había condiciones de riesgo inminente, que desafortunadamente se materializaron, y es desafortunado porque claramente sí estaban trabajando”, afirmó Gheorghe.
Fue una tragedia anunciada porque ya se había advertido del peligro que representaba esta mina, la cual, de manera misteriosa y si se quiere milagrosa, colapsó totalmente cuando ya habían terminado de rescatar los cadáveres y todos los rescatistas habían salido de las entrañas de la tierra. Pudo haber sido un desastre mayor, pero por fortuna no lo fue.
Pocos días después en Socha, en la mina Los Ángeles, ubicada en la vereda El Pozo, una explosión cobró la vida de dos trabajadores.
Esta unidad productiva, cuyo titular es la Cooperativa de Productores de Carbón de la Provincia de Valderrama (Cooproval), tampoco estaba autorizada para realizar actividades mineras.
El pasado jueves, en la misma vereda El Pozo de Socha, fallecieron José Abel Soto Vega y José Francisco Carvajal, mientras que otros dos trabajadores, José Mauri Blanco Pérez y William Duván Mendivelso, resultaron heridos.
Esta mina, denominada San Antonio, pertenece igualmente a la cooperativa Cooproval. La causa del accidente fue deflagración de gas metano.
La Agencia Nacional de Minería informó: “Estado jurídico: todo el título minero tenía medida de seguridad, no autorización para explotar”. Valga decir, no debían estar trabajando en esa mina.
Adicional a esto, el titular minero no realizó ninguna comunicación a la ANM sobre la ocurrencia del accidente, por lo que Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería solo fue informado de la tragedia a las 5:00 de la tarde, por un socorredor minero, pese a que el siniestro ocurrió a las 2:45 de la tarde.
Con esta nueva tragedia, se eleva a 31 el número de muertos en minas de Boyacá en el 2020.
¿Cuántas minas más estarán trabajando en Boyacá sin autorización y con el riesgo de nuevas tragedias?
¿Cuántas más víctimas se necesitan para que los empresarios mineros irresponsables no sigan jugando con la vida de sus trabajadores?
Da temor conocer la respuesta a estos interrogantes.