No quieren entender que ya no es obligatorio la presentación física de documentos para trámites ante el estado

Definitivamente en Colombia se debe revaluar el significado de “servidor público”.

Pese a lo consagrado en el decreto 2106 y crisis ocasionada por la pandemia, algunos funcionarios públicos siguen exigiendo lo que el estado ya suprimió. Fotografía- Archivo particular.
Pese a lo consagrado en el decreto 2106 y crisis ocasionada por la pandemia, algunos funcionarios públicos siguen exigiendo lo que el estado ya suprimió. Fotografía- Archivo particular.

La violación al decreto 2106 de noviembre de 2019, expedido por el gobierno nacional, sigue haciendo carrera por parte de algunas entidades, tanto públicas como privadas, y con ella continúan los atropellos y el abuso de funcionarios al ciudadano “de a pie”.

En uno de los considerandos de esta ley dice: “Es fin esencial del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución a través de trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados y modernos”. 

Por otra parte, en las disposiciones generales del mismo decreto refiere: “El presente decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales”. 

Pero ¿cuáles fueron entonces los pasos de “tramitología” que según el acto público quedaron abolidos?

Para entender lo consagrado en el mandato y utilizando un lenguaje sencillo y digerible, es importante anotar que desde la expedición del decreto ya no es requisito obligatorio presentar documentos físicos, como los que se enuncian a continuación:

No más cédulas ampliadas al 150% porque las entidades del estado están en la obligación de consultar el documento del ciudadano directamente ante la registraduría nacional, a través del sistema en línea que habilitó el gobierno.

Al igual que el SOAT, la revisión tecno – mecánica será indagadas por las autoridades que lo requieran directamente a un sistema y no es obligación llevarla siempre en la guantera del vehículo para entregarla al agente de tránsito o a la autoridad que “caprichosamente” la solicite. Lo que sí se debe llevar siempre es la carta de propiedad del automóvil.

Ante el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) se debe reportar el nuevo empleo que tenga la persona y esto permite que, si hay el cierre de un ciclo laboral con el estado y el inicio de otro, el empleado solo tendrá que actualizar en la plataforma sus datos, por lo que ya no es obligación entregar nuevamente la hoja de vida y menos con soportes.

El tiempo que se invierte para un trámite en Colombia vale oro en otros países. Fotografía - Archivo particular
El tiempo que se invierte para un trámite en Colombia vale oro en otros países. Fotografía – Archivo particular

Si contrata con el estado ya no está en la obligación de imprimir más la planilla de seguridad social, simplemente se reporta y es el mismo estado quien debe verificar si el contratista se encuentra o no al día con esta obligación.

No es lógico que el estado solicite información por la que el usuario ha tenido que pagar, hacer largas filas y disponer de días completos para el engorroso trámite o muchas veces dando dádivas a intermediarios inescrupulosos que en las “narices” de las autoridades ejercen esta actividad ilícita y por lo tanto no se puede exigir copia del RUT, ya que esa información la tiene el estado y la debe consultar con su propio sistema.

El registro de defunción debe ser tramitado directamente por el estamento de salud ante la registraduría, por lo que es obligación de la entidad hospitalaria y el sistema de salud informar a su par administrativo sobre la muerte de sus pacientes. Así entonces el registro de defunción se podrá tramitar vía internet y la registraduría nacional está en la obligación de sacar automáticamente de su sistema electoral a la persona fallecida para evitar la corrupción que en esta materia ha hecho carrera en Colombia.

Constancias, paz y salvos y tarjetas profesionales deberán ser tramitadas únicamente a través de bases de datos de consultas públicas y no se puede exigir de manera física.

El sitio web del gobierno había quedado de estar habilitado 6 meses después de la expedición del decreto, para tener un único portal del estado y hacer posible la transversalidad en la información, evitando los engorrosos trámites y el pago de los ciudadanos por cada papel, fotocopia y documento.

No obstante, estas disposiciones, como muchas otras, poco parece importarle a algunos funcionarios públicos y de entidades privadas que continúan exigiendo copias, documentos y cuanto más se les ocurre, poniendo en serios aprietos a los ciudadanos que, si antes de la pandemia veían estos trámites como una física “sacadera de plata” y un desperdicio de tiempo, ahora mucho más cuando la emergencia impuso y obligó la aplicación de la virtualidad en los paquidérmicos procesos en un país donde ocurre de todo hasta el punto de haber perdido ya la capacidad de asombro.

Sera que ¿la ley es solo para los de ruana como dice el dicho popular? o también es para los estamentos del mismo estado que crea las leyes, hacen los decretos y “se las pasan por la faja” sin que nadie se pronuncie, sancione, corrija o proteja al ciudadano y cuando “el de a pie” quiere denunciar, prefiere no hacerlo por lo engorroso del “papeleo” o porque sencillamente lo ponen a dialogar con una máquina programada para hacerle el “olé” a los usuarios, pero eso sí luego de no haber resuelto nada se debe invertir más tiempo respondiendo la encuesta de satisfacción del cliente con las que los funcionarios alimentan sus matrices estadísticas y cumplen con los indicadores para la respectiva rendición de cuentas, donde las cifras que muestran son todo lo contrario a la realidad.