Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 12 de la Constitución Política
Este artículo de nuestra Constitución debería llamar más la atención de quienes predican y dicen practicar el amor al prójimo. La desaparición forzada es un crimen atroz practicado de forma masiva en Colombia con mucha indiferencia por parte de los sucesivos gobiernos nacionales.
Colombia pasó hace años el número de desaparecidos registrado en países del cono sur bajo dictaduras militares. Chile entre 3 mil y 9 mil, Argentina cerca de 30 mil, Uruguay cerca de 600 desaparecidos. Colombia no ha necesitado de la figura dictatorial para implementar, desde las esferas del poder, este crimen de lesa humanidad.
Hacia las 10 de la noche del 4 de julio de 1990 llegó Alirio Pedraza Becerra al centro comercial La Campiña, (calle 145 con carrera 92 de Bogotá) para comprar el pan y llevarlo a su hogar, donde lo esperaban, como de costumbre, su esposa Virginia Vargas y su pequeño hijo Óscar Alberto. Cuando salía de la panadería para dirigirse al edificio de su apartamento a unos cuantos metros, lo aguardaban ocho hombres vestidos de civil. Habían llegado al lugar en tres vehículos: un Mazda oscuro, un Chevrolet Trooper blanco y otro. Los tres automóviles se estacionaron frente a la panadería.1
También Colombia ostenta otro de los muchos récords malos del mundo. La impunidad en casos de desaparición forzada es del 99.5% y la cifra de víctimas de este crimen sobrepasa los 80 472. El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, bajo la dirección del sociólogo Gonzalo Sánchez, realizó un trabajo minucioso sobre el fenómeno de la desaparición: causas, perpetradores y el sufrimiento del entorno social de la víctima y en la sociedad.
El asedio por parte de la fuerza pública contra Alirio no se reflejó únicamente este día 4 de julio. Con anterioridad, el 21 de agosto de 1989, doña Paulina Becerra de Pedraza, madre de Alirio, había sufrido, en su residencia en Sogamoso, un violento y humillante allanamiento por parte de unidades del Batallón de Artillería Tarqui. Este batallón obedecía órdenes de la juez séptima de Instrucción Criminal de Sogamoso, luego de que esta se reuniera con el comandante del Batallón Tarqui y el comandante del VI distrito de Policía de Sogamoso, quienes le habían aseverado que doña Paulina era colaboradora de la guerrilla. La orden de allanamiento, transmitida a la juez, no tenía fundamento legal alguno y la I Brigada de Tunja no tenía competencia para ordenarla.
El documento del CNMH, Hasta encontrarlos, da cuenta de los porcentajes y cifras aproximadas de los grupos perpetradores. Así: Paramilitares son responsables del 62%. El Estado, que empezó a dar ejemplo: 6%. Guerrilla: 25%. Grupos de posmovilización y bandas criminales: 6%.
Alirio, nacido en Sogamoso, fue estudiante del Colegio de Sugamuxi. Como abogado, egresado de la Universidad Nacional, formaba parte civil en varios procesos de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, contra miembros de la fuerza pública.
Los testigos, entre ellos el celador del centro comercial, Víctor Martínez Jáuregui, declararon haber presenciado cómo los sujetos se abalanzaron sobre Alirio Pedraza golpeándolo y obligándolo a abordar el vehículo Mazda. Ante la agresión de la que estaba siendo víctima, Alirio empezó a gritar su nombre y a pedir auxilio. Los hechos fueron observados por dos agentes de Policía, quienes se encontraban en inmediaciones del sitio de los hechos. Dos de los captores se identificaron ante los policías como miembros de un organismo de seguridad del Estado, por lo cual no reaccionaron ante la captura del abogado. La identidad de estos dos policías nunca ha sido revelada.
En su declaración, el celador Martínez Jáuregui relató: “Había cuatro personas contra él y le decían palabras soeces y escuché que le decían al señor de la chaqueta amarilla [Alirio] que era una requisa… fui hacia él para ayudarlo porque pensé que lo estaban robando y alcancé a llegar, ahí cerquitica … y cuando yo fui a desenfundar el revólver, el conductor del Trooper me mostró un carnet que decía Policía Judicial… un muchacho moreno estuvo conmigo hasta que por fin lo alzaron y lo subieron [a Alirio] al carro Mazda… el crespo cerró la puerta del Mazda… y arrancó el carro inmediatamente… les dijo a los dos policías… ‘tranquilos lanzas, que no ha pasado nada’, que ellos eran de la Policía Judicial…
En 1990 Amnistía Internacional conmemoró 30 años de existencia. Esta institución inglesa escogió 30 casos representativos, incluido el de Alirio, de gobiernos practicantes de crímenes de lesa humanidad. Los casos fueron apadrinados por intelectuales y artistas europeos. El fotógrafo francés Raymond Depardon fue quien denunció el caso del sogamoseño víctima de desaparición. Su denuncia fue incluida en una película de Amnistía Internacional realizada por el cineasta suizo Jean-Luc Godard.
Ese año, en la tradicional fiesta del periódico La Humanidad [L´Humanité], en París, todos los estands de los países participantes exhibieron afiches alusivos a la desaparición de Alirio, como muestra infortunada de esa Colombia sucia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la nación colombiana por este crimen atroz. Hoy, 30 años después, la investigación continúa en fase preliminar.
1Testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH.