La justicia ya ni cojea – Juan José Pedraza – #ColumnistaInvitado

En medio de tanta retórica sobre la pandemia por el COVID-19 ha pasado inadvertida la responsabilidad institucional de la Rama Judicial de administrar justicia, hacer cumplir la ley y proteger los derechos individuales y colectivos.

Vaya paradoja, mientras la rama ejecutiva y legislativa utilizan los medios tecnológicos existentes para no cesar en sus obligaciones, al contrario, el Consejo Superior de la Judicatura, un órgano bastante cuestionado, sigue extendiendo términos judiciales apaciblemente con el cómodo argumento de proteger la salud de los funcionarios y, entonces, nos preguntamos ¿y los servidores de las otras ramas del poder público no tienen el mismo derecho a protegerse?

La justicia debe ser oportuna y diligente, pero es lo menos que les importa. Bien conocida es la demora de cualquier proceso en Colombia por la resistencia cultural de estos servidores a los cambios normativos procesales, de modernización tecnológica y sus reiteradas prácticas inadecuadas.

Desde el año 1996, a través de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, autorizó al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para propender por la incorporación de tecnología de avanzada para hacer más eficiente los trámites judiciales y administrativos. La Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo, introduce un conjunto de disposiciones que permiten hacer uso de los avances de las TIC, suprimiendo el uso de papel y habilitando el procedimiento administrativo electrónico. La ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en desarrollo del principio de eficiencia y oportunidad prevé que las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos, inclusive la demanda, y se propone formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea. Han pasado más de 20 años y la Rama Judicial sigue apática al cambio y al contrario siguen tranquilos disfrutando de sus abultados emolumentos salariales sin importarles que precisamente justicia es lo que reclama el ciudadano por ser un servicio público esencial.

Coletilla: ¿Quién les garantiza un ingreso mínimo a los litigantes que, al igual que muchos colombianos independientes, están en situación de pobreza oculta, por culpa de la parálisis económica?

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