Después de indagar y hacer los requerimientos de ley, la contralora de Boyacá, Martha Ávila Romero, encontró varias inconsistencias en la contratación directa ejecutada por el municipio de Puerto Boyacá.
En un contrato por 2.096 millones de pesos, cuyo objeto es la asistencia alimentaria a la población afectada por la pandemia del COVID-19, la contralora halló presuntos sobrecostos.
Por encontrarse en ejecución, el contrato fue remitido para control preventivo a la Contraloría General de la República. Seguiremos contándoles más detalles.