Registraduría debe recontratar a tres de sus exfuncionarios

Condenan a la Registraduría Nacional del Estado Civil a reintegrar a tres de sus exservidores y pagarles sus salarios y prestaciones sociales, por desatender el principio de ‘razón suficiente’ en los actos de terminación de sus nombramientos en provisionalidad, y con aplicación, además, de la perspectiva de género en el caso de una mujer cabeza de hogar.

En los mencionados pronunciamientos resaltó el Tribunal que, a los empleados de la Registraduría, quienes cuentan con régimen especial de carrera establecido en la Ley 1350 del 2009, también se les aplican las normas vigentes para los servidores públicos nacionales, de tal manera que la reglamentación del sistema especial de carrera de dicha entidad, debe armonizarse con el Régimen General establecido en la Ley 909 del 2004, en aquellos aspectos no regulados.

En los tres casos analizados, dos por vía de tutela interpuestas por madres cabeza de hogar, y una a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó el reintegro y el respectivo pago de salarios y prestaciones sociales.

Sobre la perspectiva de género en las decisiones judiciales, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y aplicada en uno de los dos casos de las madres cabeza de familia que acudieron a la acción de tutela para hacer valer sus derechos, explicó el Tribunal que aquella se ha concebido como una herramienta destinada a estudiar la desigualdad e iniquidad entre hombres y mujeres en el ámbito social, familiar, profesional, entre otros, y buscar soluciones efectivas para contrarrestar este problema social.

Por tanto, según la corporación, el operador judicial debe actuar conforme a la perspectiva de género y de conformidad con los principios y derechos constitucionales que le otorgan especial protección a la mujer, víctima de cualquier forma de violencia.

De ahí que la interpretación del juez y apreciación de las pruebas dentro del marco de un proceso no puede inclinarse en favor del agresor y en desventaja de la mujer, con razonamientos débiles como que las pruebas allegadas no son verosímiles para demostrar la condición de debilidad manifiesta en la que se ubica la mujer.

Así, en uno de los casos de una de las madres cabeza de familia, consideró el Tribunal que frente a esa decisión debía tenerse en cuenta la perspectiva o enfoque de género en el análisis de unos documentos aportados por ella que eran indicativos de que sufrió maltrato psicológico y físico por parte de su exesposo.

En virtud de lo anterior, adicional al amparo concedido, ordenó la remisión de esta providencia a la Comisión de Género de la Rama Judicial.