Después de más de dos meses de encierro, con una economía debilitada, miles de empleos perdidos y una situación de angustia y hambre para miles de familias, llegamos a una nueva fase de la cuarentena con la que enfrentamos el COVID-19.
Hasta hace dos o tres semanas Boyacá iba bien en el cuadro comparativo frente a lo que estaba ocurriendo en los demás departamentos del país, pero hoy las frías cifras nos demuestran que el panorama no es el mejor y que -debemos asumirlo- el virus ya está causando estragos entre nosotros.
La presencia del COVID-19 en nuestra tierra obedece a tres factores principales, la cercanía con Bogotá, ciudad con la que tenemos una estrecha relación comercial; que Boyacá es destino de descanso y recreación para habitantes de otras regiones de Colombia y que somos lugar de paso hacia otros departamentos.
En el caso de Tunja, la capital, el Hospital San Rafael de Tunja, de referencia, ha generado la llegada de pacientes de otras ciudades y eso a su vez está produciendo un foco de infecciones en los que los más afectados han sido trabajadores de la salud y pacientes de otras patologías diferentes al COVID, especialmente adultos mayores.
El gobernador, Ramiro Barragán; y el Alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, fueron responsables y han sido diligentes en la atención de la emergencia, pero hay factores que resulta muy complicado de manejar como, por ejemplo, la indisciplina ciudadana. Tal vez hay que reprochar una cosa, el protagonismo político del secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo, quien ha demostrado ser muy locuaz pero no tan efectivo en su gestión.
La verdad es que por culpa o por negligencia de Santoyo las pruebas rápidas anunciadas hace un mes han estado embolatadas y que no se aprovecharon estas semanas para haber modernizado y preparado mejor la red pública de hospitales con más Unidades de Cuidados Intensivos y con implementos suficientes para la protección del personal asistencial de los hospitales.
El Secretario debería decirle a la opinión pública cuál es la verdad de la clínica María Josefa Canelones, antigua clínica de Saludcoop, por qué se hicieron anuncios de que ya estaba lista y realmente qué tan preparada está para recibir a los enfermos de COVID-19.
Aunque Santoyo ha querido opacar la labor del Gobernador Barragán, del alcalde Fúneme y hasta del Gerente de la ESE Santiago de Tunja, resulta obvio que estos últimos le han dado cátedra en temas como el acondicionamiento del Hospital de segundo nivel de Tunja, las medidas y anuncios para mitigar el impacto de la enfermedad, las campañas educativas para prevenir y preparar a la comunidad y hasta en el espinoso tema de las pruebas rápidas.
Volviendo al balance de la pandemia, 121 casos confirmados de personas enfermas del virus en Boyacá y seis personas muertas es una cifra preocupante y, sobre todo, significan un gran desafío para las autoridades de salud y un enorme riesgo para la población.
Entre esos positivos para COVID-19 hay 25 trabajadores de la salud, lo que quiere decir que en hospitales y clínicas de Duitama, Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá y Vila de Leyva hay focos que el personal y sus directivas no han podido controlar. Aunque no hay elementos suficientes y totalmente efectivos de protección para el personal de salud, también lo es que ha habido casos de descuidos en los que, por las patologías que presentan los pacientes, no se han tomado las precauciones. La Secretaría de Salud de Boyacá debería haber gestionado que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud le hagan pruebas frecuentes al personal de salud que se está arriesgando y se juega la vida para atender a los enfermos.
Angustioso lo que pasó y ha estado ocurriendo en la unidad de neonatos del Hospital San Rafael de Tunja, con grave riesgo para personal médico y asistencial y para las familias de los recién nacidos. Y alarmante lo registrado en la Policlínica de Tunja, en donde se está generando otro brote, con riesgo de contagio para gran cantidad de ciudadanos, especialmente personal de la salud y sus familias.
Con esos 121 contagiados con el virus la noticia buena es la recuperación de 41 personas, entre ellos de 12 de los 14 integrantes de una familia de Togüí que contrajo la enfermedad.
La lista de poblaciones y provincias con contagiados no son buenas: Tunja, 22; Duitama, 14; Togüí, 14; Chiquinquirá, 12; Sogamoso, 7; Paipa, 6; y Villa de Leyva 5. El virus ya ha llegado a muchos de nuestros pueblos y zonas rurales y hacen presencia en casi todas nuestras provincias, incluyendo la de La Libertad, la más abandonada y pobre.
En Boyacá, como el resto del país, la gran falla del sistema es la demora en los resultados de las pruebas tomadas, lo que impide el cerco epidemiológico. En este departamento hay actualmente casi 800 casos en espera de resultados y esa falencia puede disparar el impacto de la enfermedad.
Se necesita que nuestras autoridades, por supuesto la de la salud, dejen el protagonismo y de pensar con cálculo político y se pongan de acuerdo. Se espera que tomen medidas de choque para aislar, ojalá en hoteles, al personal de salud que está atendiendo la pandemia; que se les ofrezca servicios gratuitos y seguros de transporte y que se haga seguimiento a sus familias.
Por supuesto que se debe reclamar que esas medidas no contribuyan a su estigmatización y provoquen que médicos, enfermeras, terapistas o camilleros sean discriminados o hasta agredidos, como infortunadamente ya ha ocurrido en el país y el mundo.
Hay que insistir que el Hotel Hunza, de propiedad del departamento o del municipio de Tunja, es el lugar ideal para atender al personal de salud. Aprovechando el estado de emergencia, ese hotel debe ser recuperado ya.
Finalmente, debemos continuar con el aislamiento social. La conciencia ciudadana es necesaria hoy más que nunca. Es la única manera que todos podamos sobrevivir.