Procurador y contralor interceden por los alcaldes y gobernadores

Le solicitaron al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez Ospino, ampliar el plazo para la aprobación de los Planes de Desarrollo, en la razón de la emergencia que se vive por el coronavirus.

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Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República. Foto: Archivo Particular.

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instaron a Rodríguez Ospino a presentar, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que permita adecuar los términos para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), para incluir el impacto del COVID-19 en las finanzas territoriales.

“Los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”, le dijeron los jefes de los órganos de control.

Agregaron que los proyectos de PDT que se presentaron pueden tener un déficit en relación con la lucha contra el brote y la adecuada consideración de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Ante las inquietudes planteadas por los mandatarios territoriales sobre las dificultades para cumplir con los términos de elaboración, presentación y trámite de los PDT, debido a la atención que se requiere para contener la pandemia, la aplicación de reglas de confinamiento social y la reducción de espacios de diálogo ciudadano, el contralor y el procurador pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.

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Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación. Foto: Archivo Particular.

“Dichas dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”, manifestaron el procurador y el contralor.

Le solicitaron al DNP evaluar un término adicional para la aprobación de los PDT o valorar la alternativa de una modificación normativa a los instrumentos de planificación territorial, para que los planes se aprueben conforme a los estudios que se logren en relación con el impacto de la emergencia sanitaria.

Según los entes de control, también se podría habilitar que los órganos de representación departamental, distrital y municipal, en ejercicio de la competencia regulatoria de sus procedimientos, consideraran y aprobaran modificaciones a sus reglamentos con el objetivo de permitir la discusión de los planes y su adecuación al contexto actual.

Recomendaron exhortar a los órganos administrativos de representación popular para que frente a los proyectos presentados se asegure el trámite prevalente y la participación de los ciudadanos, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 del 2020, según el cual las corporaciones pueden sesionar de manera no presencial, razón por la cual se debería asegurar el acceso a medios virtuales y a espacios para materializar este principio.

Córdoba y Carrillo Flórez enfatizaron en que este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación del PDT con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos, y su concordancia con los Planes de Desarrollo Territorial.