Luego de una larga investigación, el Consejo de Estado ratificó la sanción impuesta contra un patrullero de la Estación de Policía de Pisba, quien, según los investigadores, fue sorprendido ingiriendo licor en un local comercial del municipio mientras estaba de servicio.
Durante el proceso el patrullero solicitaba anular el fallo que lo destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos, según él, porque no había evidencia que se encontraba uniformado y que estaba en horario laboral mientras departía en la tienda del municipio.
También presentó una demanda aduciendo que se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso, por lo que consideraba que debía ser reintegrado a la institución y, además, tenía el derecho de recibir los salarios que había dejado de percibir desde el momento en que inició la investigación.
Pese a la defensa del uniformado, el Consejo de Estado consideró que era necesario mantener el fallo de primera instancia que hablaba de inhabilidad y sanción. Para llegar a la conclusión y mantener el fallo, el Consejo de Estado también conoció el proceso interno disciplinario que se le abrió al patrullero
El caso lo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Casanare, ente judicial que determinó que si bien es cierto no se le tomó prueba de alcoholemia al momento de estar en el establecimiento comercial, si existían varios testimonios que apuntaban a que el patrullero había entrado a la tienda a ingerir licor estando uniformado.
Es de resaltar que desde agosto de 2014 la Inspección General de la Policía había abierto la investigación disciplinaria y había decidido destituirlo por haber cometido tal falta; luego de esa decisión de la Policía Nacional, el patrullero llevó el caso al Tribunal de Casanare para que la justicia determinara su reintegro. Al salir el primer fallo en su contra, la apelación llegó al Consejo de Estado.