Aislamiento obligatorio por tres semanas

Aislamiento obligatorio por tres semanas 1

El presidente de Colombia, Iván Duque, luego de una reunión con expertos en medicina, ciencia y atención a emergencias, decidió ordenar el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, buscando evitar que se multiplique el contagio por coronavirus en el territorio.

Hasta el cierre de esta edición, iban 277 colombianos contagiados con COVID-19, tres personas fallecidas y cinco casos que se habían recuperado.

Boyacá Sie7e Días explica el decreto presidencial, pero advierte que, en Boyacá, donde se vive el simulacro de aislamiento desde el pasado viernes (en Tunja desde el jueves anterior), la medida no se levanta este martes, sino que continúa hasta el 13 de abril de 2020.

El Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 contempla:

Aislamiento obligatorio para todos los residentes en el territorio colombiano desde las 0:00 horas del miércoles 25 de marzo de 2020 hasta las 0:00 horas del 13 de abril de 2020.

Para garantizar el derecho a la vida, salud y supervivencia, se tienen algunas excepciones para ese aislamiento obligatorio:

  •     El personal de asistencia y prestación de servicios de salud.
  •     Quienes vayan a adquirir productos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos u otros (solo puede salir una persona por familia a comprarlos).
  •     Quienes vayan a hacer diligencias en bancos, notarías o pagos (solo una persona por familia puede salir).
  •     Los que estén encargados de la asistencia y el cuidado a niños, adolescentes y personas mayores de 70 años o con discapacidad (si estas personas requieren salir, pueden hacerlo con un adulto que sirva de apoyo).

  Misiones médicas.

  •     Trabajadores de las cadenas de producción de alimentos, medicamentos e insumos básicos.
  •     Personal de almacenes y locales comerciales que se requieran para el abastecimiento de alimentos, medicina, insumos veterinarios u otros.
  •     Quienes trabajen en actividades relacionadas con servicios de emergencia.
  •     Servicios funerarios.
  •     Servidores públicos y contratistas del Estado quienes no puedan postergar su trabajo para después que pase el aislamiento por COVID-19.
  •     Misiones diplomáticas.
  •     Fuerzas Militares, Policía Nacional y organismos de seguridad.
  •     Transporte de carga.
  •     Dragado marítimo y fluvial.
  •     Obras de infraestructura vial o aquellas que no puedan suspenderse.
  •     Operación aérea y aeroportuaria.
  •     Comercialización de productos a domicilio.
  •     Actividades de industria hotelera.
  •     Trabajadores que garanticen el funcionamiento de la estructura, como redes de comunicación, centros de llamadas y otras.
  •     Trabajadores de seguridad privada, actividades carcelarias y empresas que prestan el servicio de limpieza.
  •     Servicios públicos y/o de hidrocarburos.
  •     Funcionarios que presten el servicio en bancos, postales, transportes de valores y notariales (la Superintendencia de Notariado y Registro dará a conocer horarios y turnos en los que laborarán los trabajadores).
  •     Personal de los medios de comunicación.
  •     Actividades de ayuda humanitaria, psicológica y espiritual.
  •     Personal docente y directivo docente que deba desplazarse por alguna emergencia en las instituciones educativas.
  •     Personal que trabaje en la construcción de infraestructura hospitalaria requerida para la atención del COVID-19.
  •     Solo una persona podrá sacar a la calle a los animales de compañía.

Se garantiza el transporte terrestre para las personas que por situaciones fortuitas deban desplazarse.

Se prohíben los vuelos desde las 0:00 horas del 25 de marzo de 2020 hasta las 0:00 horas del 13 de abril de 2020. Solo se exceptúan emergencias o transporte de carga.

Queda prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos o locales comerciales, pero la Presidencia advierte que no queda prohibido el expendio de licor para consumo en hogares.

La violación al presente decreto acarreará sanciones y multas económicas contenidas en el Código de Policía y de Convivencia, por 936.000 pesos.

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