Hace 10 días y con gran despliegue de medios se realizó la firma del pacto SumaPaz, entre los gobernadores de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima y la alcaldesa de Bogotá. Se trata de un acuerdo para dirigir los planes de desarrollo de toda la región del centro oriente del país a la protección del medioambiente.
Por afinidades políticas o por intereses comunes, hay un buen ánimo de todos esos mandatarios para trabajar en tareas conjuntas como sostenibilidad, agua, abastecimiento alimentario, integración, equidad y movilidad.
Por lo anterior es raro que hasta ahora el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán; el director de la Rape, Fernando Flórez; o Carlos Amaya, asesor de la Alcaldesa de Bogotá, no hayan contado si fueron invitados o asistieron a la reunión, también reciente, en la cual se socializó el proyecto para la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá.
A esa reunión sí fueron invitados el Gobernador de Cundinamarca, alcaldes de Chía y Sopó y dirigentes comunales de Fusca y Torca.
En el objetivo de integración regional que tiene la Rape y que está tratando de promover, Amaya no se puede olvidar que todo lo que tenga que ver con la Autopista Norte de Bogotá tiene implicaciones directas para los boyacenses que todo el tiempo se están movilizando desde y hacia la capital.
El proyecto Acceso Norte II, para descongestionar el flujo vehicular por la principal vía de ingreso a Bogotá tiene que ver con la movilidad de todos los bogotanos, pero también con la de todos los boyacenses.
La obra costará 1.7 billones de pesos y permitirá ampliar la capacidad de la vía de 35.000 vehículos, que tiene actualmente, a 85.000. A través del peaje en la salida de Bogotá, los boyacenses vamos a ayudar a financiarla.