“No es que los políticos tengan mala memoria, es que conocen la mala memoria nuestra”. La frase es del periodista Félix de Bedout. Está fijada en su perfil de Twitter.
La traigo a colación porque olvidamos con una rapidez pasmosa los hechos que ocurren en nuestro entorno, quizás por el desaforado volumen de información recibida a diario a través de diversos canales: prensa, radio, TV, redes sociales, grupos de WhatsApp, etc., y me refiero específicamente a aquellos comprometidos con el bienestar y la integridad de los recursos naturales.
En 2018, por ejemplo, la Procuraduría pidió una investigación en contra de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Socotá por la apertura de una carretera en el área de amortiguación del Parque Nacional Natural Pisba.
También ordenó a Corpoboyacá abrir procesos sancionatorios por los daños ambientales ocasionados. ¿Qué pasó con las investigaciones? ¿Hubo sanciones? ¿Se adelantaron labores de restauración del área comprometida? Hacerle seguimiento a este tipo de hechos resulta complejo porque las respuestas institucionales son confusas, parciales y superficiales, no se responde de fondo como lo determinan las normas de acceso a la información pública.
Este tipo de actuación deja muchas dudas respecto a la efectividad de las autoridades ambientales, de los entes de control y de la rama judicial para castigar de manera contundente a los depredadores de la naturaleza, por acción u omisión.
El actual estado de cosas precisa de entidades que respondan a las necesidades y velen por la preservación de la vida.
Lo demás es carreta.
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