Las marchas convocadas por las centrales obreras, las organizaciones sociales, los estudiantes y los ambientalistas ya dieron un primer resultado favorable a quienes por convicción y vocación se dedican a defender el medio ambiente, aún a costa de su integridad.
Este se relaciona con la decisión del gobierno nacional de firmar el Acuerdo de Escazú que América Latina y el Caribe como continente adoptó el 4 de marzo de 2018, en Costa Rica, y cuyo propósito es velar por el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
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Un Acuerdo que el gobierno de Colombia se había demorado en avalar pero que, producto de los reclamos de diversos sectores sociales, tuvo que acoger en virtud del compromiso internacional.
Tal determinación es muy importante porque conmina al Estado a velar por el bienestar de los líderes ambientales del país, especialmente en una coyuntura tan compleja como la que evidenció el informe de la ONG inglesa Global Witness, que se dedica a contabilizar los ataques contra líderes ambientales y defensores de la tierra.
Según esta ONG, en 2018 fueron asesinadas 164 personas en 22 países por su liderazgo ambiental, y 24 de ellas eran colombianas, es decir el 15 por ciento de los homicidios contra defensores de la naturaleza ocurrieron en nuestro territorio.
Así como el presidente Duque acogió el Acuerdo de Escazú, es fundamental que escuche el clamor ciudadano en contra del fracking y las propuestas que plantean una transición de la economía hacia las energías limpias.
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