La Procuraduría General de la Nación tiene enfiladas sus baterías para rescatar al lago de Tota de los desenfrenos a los que por décadas ha estado sometido.
Durante la audiencia en la que se presentó un informe sobre los conflictos ambientales de su cuenca, el ministerio público, en compañía de Corpoboyacá, ofreció un diagnóstico del páramo que lo circunda y del espejo del agua del embalse natural.
Deterioro de la vegetación nativa, afectación al suelo, contaminación por fertilizantes, vertimiento de aguas residuales e invasión de sus riberas para el desarrollo de proyectos agropecuarios, fueron algunos de los problemas expuestos durante la jornada presidida por el procurador delegado para asuntos ambientales, Diego Trujillo Marín.
Aunque ese panorama ya lo conocíamos, el trabajo de la procuradora 32 Ambiental y Agraria de Boyacá, Alicia López Alfonso, y de su reducido equipo, ha llevado a impulsar acciones para erradicar las perversiones a las que el lago ha estado sometido.
La Procuraduría se comprometió a revisar la propiedad de los predios localizados a la orilla del embalse y allí podría encontrarse con anomalías que comprometen a distinguidas personalidades de la región.
También informó de la alianza con la Fiscalía para que el peso de la Ley recaiga sobre los responsables del otorgamiento de licencias de construcción que contravinieron el ordenamiento territorial y que podrían afectar las condiciones naturales de la zona.
Procuraduría y Corpoboyacá demostraron que es posible actuar de manera articulada. Igual deberían hacerlo las otras 17 entidades del Estado que como el Ministerio de Agricultura y el ICA tienen obligaciones allí pero que no han actuado en consecuencia.
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