Buen balance para Ecovienda, y a la espera de soluciones definitivas en Tunja

Por primera vez en la presente administración municipal de Tunja, el control político que le hace el Concejo de la localidad a Ecovivienda, arroja resultados positivos, y deja contentos a los beneficiarios de Torres del parque y estancia el Roble, los dos proyectos siniestrados desde hace más de 7 años.

Por primera vez en la presente administración municipal de Tunja, el control político que le hace el Concejo de la localidad a Ecovivienda, arroja resultados positivos. Foto: Edwin Camargo, prensa Concejo de Tunja

Según explicó Juan Carlos Borda Torres, presidente del Concejo, en la sesión se mostró un avance en la búsqueda de soluciones para ese grupo de familias que resultó afectada en Tunja. “Se han establecido las inversiones del municipio y se hace un llamado importante para que se atiendan algunas edificaciones priorizadas, especialmente en Torres del Parque, para evitar mayores riesgos por la época invernal”, puntualizó el cabildante.

Según dieron a conocer los habitantes de esos dos sectores de la ciudad, actualmente hay filtración en los tejados, situación que puede desencadenar en mayores riesgos para las familias si no se atienden de manera urgente.

Así mismo indicó Sonia Martínez Morales, veedora de los proyectos, que hay gran expectativa con los recursos que prometió la Unidad Nacional de Gestión del riesgo, para cubrir parte de la solución de esas viviendas, pero también esperan que se gestionen y dispongan más recursos desde el orden departamental y municipal.

Según los concejales, ellos se comprometen para atender al mayor número de familias y acoger las peticiones de la contingencia para evitar el deterioro. También indicaron que se liberó la posibilidad para que las personas puedan participar en otros proyectos y no queden desvinculados a su calidad de víctimas.

Por su parte la gerente de Ecovivienda, Ingrid Carolina Pachón, manifestó que la atención a los afectados de Estancia y Torres se basan en gestiones para atender a 1420 familias de ambos proyectos. “Se han dividido en tres grupos de atención, el primero es de 60 familias, antes eran 61 per una renunció al proyecto de manera voluntaria, de las priorizadas 30 son las declaradas en calamidad el año pasado y antepasado, y las otras 30 son las que tienen escrituras, pero nunca se les entregó un inmueble”, dijo la funcionaria.

El segundo grupo es a 70 familias que son las que viven actualmente pero que según el estudio de vulnerabilidad hacho por la Uptc, tienen problemas en esos inmuebles, para ello, los recursos se están tramitando con la unidad Nacional de Gestión del Riesgo y otro dinero lo entregará la Gobernación a través del Ocad con recursos de regalías, pero esos dineros no saldrán hasta que no haya viabilidad de la Unidad Nacional.

“El tercer grupo son 589 familias que fueron vinculadas al proyecto a través de ahorros programados y de asignación de subsidio”, aseguró Pachón, quien también advirtió que para el primer grupo se han destinado recursos del presupuesto del municipio y un empréstito para construir 150 unidades de vivienda, 50 que en este momento están en proceso de licenciamiento en la Curaduría Urbana, 10 más están buscando la viabilidad presupuestal y otras están esperando pliegos definitivos.

Se dejó claro que las familias priorizadas se hacen basados en los conceptos técnicos que entregó la Uptc y no por algún tipo de recomendación política o familiar, y que los apartamentos que se van a entregar son de 60 metros cuadrados, con 3 alcobas y 2 baños.

Así mismo se indicó que en el estudio de la Universidad dice que hay 6 torres que no son susceptibles a reforzamiento, sino que se deben demoler, pero que la administración como tal no tiene potestad para derribar las torres, ese aspecto debe declararlo la justicia y será la que determine cuál es el paso a seguir.