Ambulantes, el lío se multiplica: fallo establece que se pueden reglamentar pero no prohibir

Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se puede volver un ‘dolor de cabeza’ para los mandatarios locales a nivel nacional. En el fallo se establece que los alcaldes pueden reglamentar las ventas ambulantes, pero no pueden prohibirlas.

Según un estudio de la Uptc, en el perímetro urbano del municipio de Chiquinquirá hay más de 420 vendedores ambulantes.

En el documento en el que se manifiesta la decisión judicial se expresa que los administradores municipales tienen la facultad de “fijar los presupuestos y parámetros para desarrollar las ventas ambulantes en el municipio, de conformidad con la ubicación que se fijará para esa actividad, pero en ningún caso, se le concede la potestad de prohibir en su totalidad las ventas ambulantes”.

Asimismo, tampoco pueden ordenar el decomiso de los productos u ordenar medidas de arresto a los vendedores. Frente al polémico fallo, se habló con algunas de las partes involucradas en la reglamentación y reubicación de los vendedores ambulantes en las principales ciudades del departamento para conocer cómo llevan a cabo estos procesos. En el caso de Tunja, la administración ya dispone de un predio para reubicar, en una primera etapa, a 40 vendedores ambulantes pertenecientes a la corporación Coovename con el fin de mejorar su economía y la movilización de los tunjanos.

Sin embargo, a pesar de esta propuesta, los miembros de Coovename, representados por Eliécer Sánchez, aseguran que no se ha llegado a un acuerdo, porque consideran que el predio donde la Alcaldía pretende reubicarlos no les va a garantizar el mínimo vital, porque es muy limitado el número de peatones que transita la zona. “No se ha desarrollado un estudio de factibilidad, ni socioeconómico de cada uno de los trabajadores informales. Hace cinco años se hizo un estudio, pero ya está desactualizado y no es muy profundo en el aspecto económico”, aseguró Eliécer Sánchez.

El 1 de febrero fue la última vez que hubo una reunión entre estos vendedores y la Alcaldía, quienes no llegaron a un acuerdo y, desde entonces, no se ha logrado su reubicación, que tiene el mes de junio como plazo máximo para este proceso,que, si no se da, podría acarrear sanciones para ambas partes. Para el caso de Duitama, se está llevando a cabo un proceso de caracterización de estas personas para determinar quiénes realmente necesitan el permiso municipal para poder ejecutar estas actividades económicas en sus espacios públicos.