El Gobierno departamental, 39 municipios, defensoría del pueblo y otras autoridades locales de salud, se unieron para solicitar a la Superintendencia de Salud que tome medidas contundentes contra Emdisalud en el departamento.
La EPS que tiene su sede principal en Montería, tiene usuarios en 39 localidades de Boyacá con cerca de 50.000 usuarios, pero no ha firmado contratos con la red de prestación del servicio, por lo cual esos 50 mil boyacenses sólo tienen acceso a urgencias.
Solo en Tunja son más de 3.000 los afiliados que no tienen cómo asistir a los servicios de salud. “Queremos actuar en bloque para que la Supersalud, con las nuevas herramientas que ha conseguido tome una decisión de fondo en Boyacá” puntualizó Germán Francisco Pertuz, Secretario de salud de Boyacá.
Según se dio a conocer, el Hospital San Rafael de Tunja se reunió con Emdisalud hace varios meses e hizo una negociación, pero la Eps le contestó que podía pagarle parte de la deuda a 15 años. Así mismo se recordó que en 2018 el gerente nacional de Emdisalud hizo compromisos de pago con toda la red hospitalaria de Boyacá, y todos fueron incumplidos.
La gerente del Hospital San Rafael, uno de los más afectados con el caso de la Eps aseguró que “Son boyacenses que necesitan la atención y debemos atenderlos, pero va a llegar un punto en que no tengamos ni para atender a los de Emdisalud ni a los que sí pagan”.
El objetivo del documento que van a presentar a la Superintendencia es mostrar que no es un hecho aislado sino un incumplimiento sistemático a todas las ESE del departamento, y poder ofrecer posibilidades de atención de salud a los afiliados que no tienen posibilidad de ningún servicio. “Lo único que pide Boyacá es que la entidad cumpla con lo que la Constitución y la ley le exige”, manifestó a su turno Mauricio Reyes, Defensor del Pueblo del departamento.
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