Según la Policía de Boyacá, el 62% de homicidios y lesiones personales ocurren en el área rural.
Con relación a las víctimas de balas perdidas, el departamento registra cinco casos en hechos ocurridos entre el 2011 y el 2017. Pese a que los índices de muerte por balas perdidas son relativamente bajos en la región, el riesgo de accidentalidad directa es inminente, debido a la tradición de porte de armas que existe, especialmente como una forma de ‘protección’ de los habitantes de las áreas rurales.
El coronel Carlos Triana, comandante de policía de Boyacá, afirma que los hechos que generan más impacto sobre la ciudadanía, son aquellos en los que se ve involucrado el uso de armas de fuego, tanto por sucesos directos como indirectos que dejan heridos y fallecidos.
“En estas tragedias, se ven afectadas familias por circunstancias impensadas pero evitables, si hubiese una mayor cultura de responsabilidad en el uso y porte de estos elementos, sin olvidar por supuesto, la incidencia de actores individuales y grupos delincuenciales que, dentro de sus modalidades, también contribuyen a que eventualmente dentro de su accionar, se registren estos actos” agregó el oficial.
Justamente los altos índices de accidentalidad y de ataques perpetrados con armas de fuego por grupos ilegales, llevaron al Gobierno nacional a tomar medidas en cuando al uso y porte de armas.
Es así que mediante el Decreto 2362 de 2018 se autorizó la adopción de las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos relacionados con el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. Únicamente pueden portar armas quienes cumplan con la discrecionalidad de permisos especiales relacionados con investidura y medidas de protección, que son verificados por comités de seguimiento encargados de aplicar la normativa.
Para el caso de Boyacá, la coordinación del proceso está en cabeza del Departamento de Policía de Boyacá; la Policía Metropolitana de Tunja; la Primera Brigada del Ejército Nacional y las autoridades departamentales y municipales quienes deben verificar el cumplimiento de las resoluciones y/o decretos vigentes y sus actualizaciones.
Ampliación de esta noticia en el impreso de hoy.