Casi 100 municipios de Boyacá se encuentran desactualizados con el predial

Gran parte de los municipios de Boyacá no han hecho recientemente la actualización catastral, a pesar de que la norma exige que se haga por lo menos cada cinco años.

Casi 100 municipios de Boyacá se encuentran desactualizados con el predial 1
El amento de los impuestos es una medida antipopular para los mandatarios de turno, pero la actualización catastral es una obligación legal.

La actualización catastral es un tema al que los propietarios de tierra le tienen miedo, pues luego de la evaluación que hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, generalmente viene un aumento en el impuesto predial, y con ello molestias y hasta paros cívicos contra las administraciones.

Esa actualización es la única herramienta para establecer la estratificación socio-económica, el POT, mejorar las finanzas municipales, saneamiento básico y formalización de la propiedad. En 2017 el IGAC en Boyacá, en cabeza de Mauricio Mejía Naranjo, hizo actualización en Tunja, Tuta, Tibasosa y Jenesano, causando revuelo en las comunidades que vieron como una ofensa el aumento de hasta el 200 por ciento en sus recibos de impuesto; incluso hubo movilizaciones y reuniones con presidencia y el Igac, sin ninguna modificación posible en el valor de los mismos.

Actualmente, Mejía adelanta diálogos con varios alcaldes para que financien la actualización de sus localidades y cumplan la ley, pues “el 80 por ciento del territorio está desactualizado. Hay municipios que hace más de 20 años no hacen la actualización”, puntualizó.

El caso de Boyacá es uno de los que más llama la atención a nivel país, pues hay dos localidades que desde 1968 y 1969 no actualizan su parte rural, así mismo otras 39 localidades no hacen lo propio desde 1997 o años anteriores.

Dentro de la actividad política, se cree que hacer la actualización genera un costo político con el que debe cargar el mandatario de turno, pues el aumento de impuestos es una medida antipopular. Para mitigar el impacto, la ley confiere a los alcaldes la posibilidad de modificar el Estatuto de Rentas, estudiar bases gravables y establecer descuentos por pronto pago.

Precisamente, para evitar los impactos negativos en la economía de los ciudadanos, se han buscado soluciones, para que la actualización sea consecuente con la situación socio-económica de los municipios.

Del tema han hablado expertos nacionales e internacionales, incluso tras la problemática de Boyacá el año pasado, el Gobernador Carlos Amaya y el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, se reunieron con el Director nacional del Igac, los concejales de Tunja hicieron peticiones directas al presidente del momento, Juan Manuel Santos, pero la única solución fue brindar descuentos por pronto pago.

Entre tanto hay proyectos radicados en el Congreso que plantean modificar la actualización y el alza del impuesto, para que tengan el mismo porcentaje de aumento que el salario mínimo.

Para 2019 no se prevén aumentos en los impuestos prediales, pues el año pasado no se hizo ninguna actualización, sólo un preestudio a 5 mil predios de Sogamoso que por el POT dejaron de ser parte del área urbana y ahora son considerados rurales.

Ampliación de esta noticia en el impreso de hoy.